Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada
Septiembre 7 de 2006

La CNRR presentó en Bogotá el Plan de Consulta Social y Definiciones Estratégicas. En la foto, el presidente de la Comision Eduardo Pizarro Leongomez Bogotá, Salon Santafe de Bogotá, Gonzalo Jimenez de Quesada, Septiembre 7 de 2006 Foto: CNRR

Mediante el Decreto 1718 del 3 de septiembre de 1958, el primer presidente del Frente Nacional, Alberto Lleras Camargo, creó la Comisión Especial de Rehabilitación con objeto de preparar y ejecutar un “Plan de Rehabilitación de las zonas afectadas por la violencia”, atender a las víctimas que habían sufrido la pérdida de familiares y el despojo de bienes y, finalmente, para coadyuvar a la reinserción de los excombatientes. La Comisión contó con la participación de miembros importantes del Gabinete (los ministros de Gobierno, justicia, guerra, salud, educación, obras públicas y agricultura), siendo el coordinador el reconocido ingeniero José Gómez Pinzón.

Esta Comisión, a pesar de los enormes esfuerzos que realizó el gobierno de la época, fracasó y Colombia debió soportar en los años siguientes el reciclamiento de miles de miembros de las guerrillas liberales o de las contraguerrillas conservadoras en las filas del “bandolerismo”. Es lo que los historiadores han denominado “violencia tardía”.

No podemos repetir esta dolorosa experiencia, no tenemos derecho al fracaso. Alcanzar la paz y la reconciliación nacional que constituye, en último término, el “horizonte estratégico” de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, va a requerir el concurso mancomunado de los organismos gubernamentales, de los órganos de control estatal y de la sociedad civil.

La CNRR es, en este sentido, un “micro-cosmos” del país. Se trata de una Comisión mixta y pluralista.

Mixta, por cuanto está compuesta por miembros del gobierno (el Vicepresidente de la República, el Ministro del Interior, el Ministro de Hacienda, y el director de Acción Social), por miembros de los organismos de control del Estado (el Procurador General de la Nación y el Defensor del Pueblo), por miembros representativos de la sociedad civil y, finalmente, por representantes designados por las asociaciones de víctimas. Es decir, la CNRR constituye una suerte de puente entre el gobierno, el Estado y la sociedad civil.

Pero, además, se trata de una comisión pluralista en la cual se reflejan las distintas y complejas tendencias ideológicas y políticas que se mueven en la sociedad colombiana. Desde este ángulo, la CNRR constituye una especie de espejo en el cual se refleja la Colombia de hoy.

Puente y espejo: esta es la mejor definición posible de la CNRR.

Y como puente y espejo, la CNRR ha tomado una decisión fundamental: la de negarse a ser un “grupo de iluminados” que pretenden dictarle al país un modelo de verdad, justicia y reparación. Por el contrario, la CNRR ha celebrado en estos primeros meses decenas y decenas de reuniones con víctimas, asociaciones de víctimas, ONG de paz y de derechos humanos, fundaciones, etc., para confrontar sus reflexiones y llevar a cabo una reflexión colectiva de sus proyectos.

Lo hicimos con la Hoja de Ruta que dimos a conocer hace algunos meses, e, igualmente, lo vamos a hacer con el documento de Acuerdos Sustanciales que hoy damos a conocer a la opinión pública. Este documento será discutido en siete reuniones en todo el territorio nacional con las víctimas y las asociaciones de víctimasen los próximos tres meses, como les expondrá, a continuación, Ana Teresa Bernal.

Temporalidad

Existe hoy en Colombia una gran impaciencia de las víctimas y las asociaciones de víctimas con respecto a las tareas asignadas por la Ley de Justicia y Paz a la CNRR.

Se trata, sin duda, de una impaciencia plenamente justificada. El reconocimiento de su dolor y el daño causado no da espera.

La CNRR tomó, sin embargo, una decisión que hoy en día considero sabia: primero, construir los acuerdos sustanciales básicos del modelo colombiano de verdad, justicia y reparación y, tras este periodo introspectivo, pasar a una segunda etapa más operativa. Es la etapa que hoy inauguramos.

Lo otro hubiese sido un “salto al vacío”. Habríamos, seguramente, enviado mensajes falsos y habríamos creado falsas expectativas. El país no soporta discursos populistas e irresponsables ofreciendo maná del cielo.

Una política de reparación integral, como la que propone la CNRR tiene que tomar en consideración tanto las normas legales internas e internacionales (la Ley de Justicia y Paz, el fallo de la Corte Constitucional, los decretos reglamentarios dictados por el gobierno, el DIH y el derecho internacional de los derechos humanos), como las posibilidades reales del país.

Comisión histórica

La primera tarea para alcanzar una reparación integral es la búsqueda de la verdad, tanto judicial como histórica.

De acuerdo con la Hoja de Ruta de la CNRR sin verdad no es posible ni la justicia ni la reparación a las víctimas. Por ello, hemos decidido construir una Comisión Histórica que aboque las preguntas que se han formulado otras comisiones similares en el mundo. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? Quién fue responsable? ¿Cómo evitar que se repitan estos episodios dolorosos?

La CNRR escogió por unanimidad al historiador, Gonzalo Sánchez, para encabezar “Grupo de Trabajo para la reconstrucción histórica y la memoria en torno al surgimiento y evolución de los grupos armados ilegales”. Gónzalo Sánchez es, sin duda, el más destacado historiador del país en este terreno.

Como ustedes saben bien, en las últimas décadas ha habido algunos estudios que han constituido hitos en la historiografía de la violencia en Colombia.

En 1963, Monseñor Germán Guzmán, Eduardo Umaña Luna y Orlando Fals Borda escribieron La Violencia en Colombia. Años más tarde, Gónzalo Sánchez y Donny Meertens publicaron su obra sobre el fenómeno del bandolerismo (Bandoleros,gamonalesy campesinos), cuya primera edición apareció en 1983. Finalmente, el propio Gonzalo Sánchez dirigió la Comisión Nacional sobre la Violencia, cuyo informe Colombia: Violencia y Democracia aparecióen 1987.

Entre la primera obra publicada en 1963 y la segunda en 1987 hubo dos generaciones de analistas de la violencia. Cuando le entregamos al presidente Barco el informe de los “violentólogos”, del cual hice parte, pensábamos que iba a ser el último informe. El informe definitivo. Una pretensión vana. Lejos de aminorar, el conflicto se agravó después de 1987 y hoy debemos crear una tercera comisión para afrontar el tema de la violencia contemporánea.

Uno de los temas centrales de debate en el país va a girar en torno a la fecha en la cual comienza el conflicto contemporáneo. No podemos confundir el conflicto contemporáneo con sus antecedentes históricos. Sin duda, el conflicto inter-partidista, liberal-conservador, en el periodo de la Violencia tuvo ondas incidencias en la etapa posterior. Pero se trata de otra época.

¿Comenzó el conflicto actual en 1964 con el nacimiento de las guerrillas post-revolución cubana: las FARC, el ELN, y el EPL, es decir, las guerrillas de “primera generación” ?

¿Empezó el conflicto en su versión actual con el surgimiento de los grupos de autodefensa en el Magdalena Medio en año de 1978? ¿Es decir, fue en este año en el cual se completó el cuadro de la violencia actual con sus actores de izquierda y derecha enfrentados?.

O, más bien, habría que escoger la fecha de 1982, año de agravamiento extremo de la violencia política en el país. El debate está abierto. Las CNRR ha propuesto como fecha el año 1964, pero, evidentemente está abierta al debate colectivo.

El grupo de trabajo histórico tiene dos grandes desafíos. Por una parte, no hacer un ejercicio simplemente académico. Se requiere, sin duda, una gran solidez académica, pero, ante todo, se requiere construir una historia social basada en los relatos de las víctimas y en los testimonios judiciales de los victimarios.

Por otra parte, este grupo de trabajo debe presentarle a la CNRR y al país una historia que podamos compartir la mayoría de los colombianos. No se trata ni de la verdad de Salvatore Mancuso, ni de la verdad de Manuel Marulanda Vélez. Es, sin duda, un gran desafío. No olvidemos que en experiencias como las de El Salvador, el informe de la Comisión de la Verdad fue rechazado tanto por las fuerzas armadas como por el FMLN. Es decir, no cumplió su cometido.

DDR

Igualmente, hoy presentamos al director del Grupo de Trabajo en torno al complejo tema de Desmovilización, Desarme y Reinserción (DDR), Mauricio Romero, cuya obra paramilitares y autodefensas, 1982-2003, es considerada la más importante que se ha publicado en Colombia sobre este tema.

Una de las tareas más importantes asignadas a la CNRR es la de evaluar las políticas públicas de DDR, desentrañar sus “cuellos de botella” y proponer alternativas. Esta función se inscribe estrechamente con una de las exigencias más importantes de las víctimas en Colombia: las garantías de no repetición.

Sin duda, se trata de una tarea monumental. ¿cómo garantizar la “no repetición” en un país en el cual el conflicto armado no ha terminado? ¿en un país en donde grupos criminales compuestos en algunos casos por desmovilizados de las AUC, además de las FARC y del ELN, siguen generando víctimas todos los días?

La CNRR debe, no obstante estas limitaciones, coadyuvar con sus estudios y propuestas, así como con laspolíticas de reparación colectiva y de reconciliación, a garantizar que al menos la inmensa mayoría de los 40 mil desmovilizados, individuales o colectivos, no se reciclen en la guerra o en la criminalidad.

El dilema es claro: si tenemos éxito en la política de DDR podemos aspirar a un post-conflicto benigno. Por el contrario, si fracasamos en la política de DDR –como ocurrió en Guatemala- vamos a tener que soportar un post-conflicto traumático.

Acuerdos sustanciales

Las Comisiones de la Verdad o similares deben tomar decisiones muy complejas. En cada nación que ha pasado por experiencias similares existen distintos tipos de victimización. En Sierra Leona fue fundamentalmente la mutilación de las manos para evitar que los hombres de las comunidades rivales pudieran empuñar las armas. ¿Cuáles son los principales patrones de victimización en Colombia?¿Quiénes son, por tanto, las víctimas? ¿Cuáles son las víctimas que van a ser objeto de políticas de reparación material individual, es decir, cuál es el universo de beneficiarios de las políticas de reparación? ¿Desde cuándo?

En el documento “Definiciones estratégicas de la CNRR” que hoy entregamos al país proponemos afrontar estos temas complejos. Pero, insisto. No se trata de un documento definitivo. Se trata de un documento para el debate público.

En este documento se define la noción de víctima, se determinan las principales violaciones de los derechos humanos que han tenido lugar, desde nuestro punto de vista en Colombia relacionadas con el conflicto armado (desaparición forzada, secuestro, homicidio, genocidio, desplazamiento forzado, detención arbitraria, reclutamiento forzado, tortura, violencia sexual, minas antipersonales y otras), y se distinguen entre víctimas y beneficiarios de políticas de reparación material. La reparación material se orientará, en lo fundamental, hacia aquellas personas o familiares de personas que se han visto afectadas por crímenes atroces.

La CNRR se enmarca en la Ley de Justicia y Paz. Y, durante esta etapa nos vamos a circunscribir como es apenas obvio al marco actual. Sin embargo, la CNRR ha tomado una decisión trascendental y es la de proponerle al país a mediano plazo un Programa Nacional de Reparación, el cual evidentemente debe ser objeto de un amplio debate nacional. Según sostiene el texto de la propuesta, “la CNRR ha acordado proponerle al país en el mediano plazo, un Programa Nacional de Reparaciones que sea integral y beneficie a las víctimas. Dicho Programa se formulará con la participación activa de las víctimas y se caracterizará por su gradualidad, es decir, porque su implementación se realizará por fases, las cuales tendrán en consideración el patrón de violación y la gravedad de las mismas, el perfil de los beneficiarios, las capacidades institucionales y la disponibilidad de recursos financieros”.

Como lo demuestra la experiencia internacional, cuando existe, como ha ocurrido en Colombia, un patrón masivo de violaciones a los derechos humanos no se puede pretender una reparación inmediata. Se requiere construir un modelo de reparación a largo plazo, comenzando con los sectores más vulnerables. ¿Cuáles son estos? Probablemente los niños huérfanos, los minusválidos que perdieron el soporte económico.

En este campo es indispensable insistir en la función pedagógica que debe tener una política de reparación integral. La reparación no es un cheque. La reparación integral es un conjunto de políticas que incluyen la verdad sobre lo acontecido, la aplicación de justicia, el reconocimiento del dolor padecido, las garantías de no repetición, la devolución de los bienes apropiados ilegalmente, la reparación colectiva y, ciertamente, en determinados casos la reparación material individual.

Información a las víctimas

La tarea más importante de la CNRR a corto plazo con el inicio de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, de acuerdo con las discusiones que hemos sostenido con los organismos del Estado implicados (Fiscalía, Procuraduría, Consejo Superior de la Judicatura, Defensoría), es de la información a las víctimas sobre los procesos judiciales.

Para ello, la CNRR ya tiene bastante avanzados cinco instrumentos básicos.

En primer término, el Registro Nacional de Asociaciones de Víctimas que viene desarrollando gracias a un convenio con OCHA, la Agencia de Naciones Unidas para la atención humanitaria.

En segundo término, gracias a un trabajo conjunto entre la Comisión, la Agencia Presidencial para la Acción Social y OIM, estamos avanzando en el Registro de Víctimas ligadas a la aplicación de Ley de Justicia y Paz.

En tercer término, ya tenemos casi a punto la primera cartilla para uso de las víctimas, las asociaciones de víctimas y lo que hemos denominado La Red Nacional de Atención a Víctimas, en torno a los procesos judiciales. Esta cartilla va a contar con el apoyo generoso del gobierno español.

En cuarto término, la CNRR le va a presentar en los próximos días al país su propuesta de creación de una Red Nacional de Atención a Víctimas, instrumento que fue muy útil en experiencias internacionales como fue, por ejemplo, el caso de Irlanda del Norte. Red compuesta tanto por organismos estatales (tales como, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo), como por asociaciones de víctimas, la Iglesia Católica y su programa TEVERE, otras iglesias, ONG, fundaciones, etc.

Finalmente, la CNRR ya dispone de su página WEB(www.cnrr.org.co)

Mediante estos cinco instrumentos (Registro Nacional de Asociaciones de Víctimas, el Registro Nacional de Víctimas, la Red Nacional de Atención a Víctimas, las cartillas y la Página WEB), esperamos garantizarle a las víctimas una información adecuada sobre los procesos judicialesy un conocimiento profundo de sus derechos.

El Fiscal Luís González, Director de la Unidad de Justicia y Paz y quien goza de nuestra incondicional admiración y respeto, se ha comprometido con la CNRR a entregarle la lista de los miembros de las AUC que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz, su bloque de origen y los lugares de actividad, los lugares en los cuales se van a llevar a cabo las indagatorias y, los juicios, con objeto de que la CNRR lecomunique esta información a las víctimas, a las asociaciones de víctimas y a la Red Nacional de Atención a Víctimas.Estamos seriamente comprometidos con el país en esta tarea decisiva.

Oficinas regionales

Para ello, la CNRR, quiere crear un instrumento adicional. Uno de los anuncios más importantes que queremos presentarle al país es la creación de seis oficinas regionales de la Comisión. En los próximos días, vamos a inaugurar la oficina de la región antioqueña con sede en Medellín, la cual contó con el apoyo entusiasta y generoso del Embajador de Canadá. Y, en los próximas semanas inauguraremos las oficinas de la Costa Atlántica (Sincelejo y Barranquilla), de la región santandereana (Bucaramanga), de la región centro (Bogotá) y de la región sur (Cali), las cuales han contado con el apoyo de las embajadas de Holanda y los Estados Unidos.

Estas oficinas van a ser una réplica de las tareas de la Comisión a nivel regional, siendo su papel más importante acercar la Comisión a las víctimas y a las asociaciones de víctimas en cada una de las regiones del país.

Una función especial que llevarán a cabo estas oficinas será la de convocar las Comisiones Regionales de Restitución de Bienes que, en virtud de la Ley de Justicia y Paz, le corresponde coordinar a la CNRR. Ya en Medellín comenzamos a trabajar en el tema de la restitución de bienes y en los próximos meses esperamos contar con las herramientas que requiere este trabajo: un protocolo de atención a víctimas, unas bases de datos regionales en torno a los bienes expropiados ilegalmente y una cartilla para orientación a las víctimas en los procesos judiciales.

Recursos

Una de las preocupaciones centrales en torno a la CNRR es la disponibilidad de recursos para afrontar sus complejas tareas. Además de los recursos que nos ha aportado el gobierno nacional. Yo quiero públicamente agradecer la enorme generosidad de la comunidad internacional. Hemos creado dos fondos para administrar los recursos de la cooperación internacional, uno administrado por el PNUD y otro por OIM.

La generosidad de países como Holanda, Suecia, Suiza, Alemania, España, Canadá, Estados Unidos y tantos otros, así como de organismos multilaterales, como Naciones Unidas, OIM, y la Unión Europea, han sido decisivas para nuestro trabajo. Quiero agradecerles de todo corazón.

Finalmente, quisiera terminar haciendo un reconocimiento muy especial tanto al gobierno nacional, como al vicepresidente Francisco Santos. La Comisión no ha recibido en estos primeros meses de trabajo ni una sola presión del gobierno en ningún sentido. Ha habido un respeto absoluto a su trabajo.

Igualmente, quisiera agradecer a los miembros de la CNRR por su dedicación, por su honestidad y compromiso con Colombia y con las víctimas de este infame conflicto que yo espero tenga los días contados.

Mil gracias.