Gonzalo Sánchez Coordinador del Grupo de Trabajo para la reconstrucción histórica y la memoria en torno al surgimiento y evolución de los grupos armados ilegales” Historiador , MA Universidad de Essex (Inglaterra), Doctorado Sociología Política, Escuela de Altos Estudios de París, actualmente vinculado al Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia, de la cual es Profesor Emérito. Autor y editor de numerosos libros , entre los cuales se destacan: Bandoleros, Gamonales y Campesinos (coautora Donny Meertens , Ancora 1983) , traducido al inglés bajo el título Bandits, Peasants and Politics( UT Press, 2001);Guerra y Política en la Sociedad Colombiana (Ancora , 1991), traducido al francés (Guerre et Politique en colombie , L'Harmattan, Paris, 1998); Grandes Potencias, el 9 de abril y la Violencia (editor, Planeta 2000); Museo, Memoria y Nación (Compilador con Maria Emma Wills; Museo Nacional/Iepri, 2000); Guerras, Memoria e Historia (ICANH/IEPRI,2003) . Fue el coordinador del conocido Informe de los "violentólogos" presentado a la Administración Barco: Colombia: Violencia y Democracia (1987). Coeditor con Charles Bergquist y Ricardo Peñaranda de Violence in Colombia (Scholarly Resources, 1984) y de Waging War and Negotiating Peace: Violence in Colombia, 1900-2000 ( Scholarly Resources, 2001). Editor con Eric Lair de Violencias y Estrategias colectivas en la región andina (Norma/Iepri, 2004). Coautor del colectivo Nuestra Guerra sin Nombre ( Norma/IEPRI, 2006). Ha publicado en revistas nacionales, como Cuadernos Colombianos; Anuario Colombiano de historia Social y de la Cultura; Historia Crítica y Análisis Político , e internacionales como Hispanic American Historical Review; International Journal of Politics ,Culture and Society; Latin American Perspectives ; Problèmes d’Amérique Latine y Foro Internacional. Es miembro del Comité Editorial de revistas como Análisis Político, Anuario de Historia Social y de la Cultura, Historia Crítica, Journal of Latin American Studies, Journal of Conflict and Violence Research . Ha trabajado como profesor invitado en el Departamento de Historia de la Universidad de Duke (USA); en la Sorbona y en la Escuela de Altos Estudios de París; en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Texas y en el University College de Londres. Ha sido distinguido con la Orden Gerardo Molina de la Universidad Nacional de Colombia, y con la Martin Diskin Memorial Lectureship otorgada por la Latin American Studies Association "For the Integration of Scholarship and Activism", (Miami, 2000). Actualmente es coinvestigador del Proyecto Internacional “Economic Liberalization, Politics and War (Colombia, Perú, El Salvador, Sudáfrica, y Costa de Marfil) auspiciado por el Internacional Development Research Centre ;IDRC, de Canadá.

Mediante la Ley 975 de 2005 se crea y se definen las funciones de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, una de las cuales se relaciona con lo que hemos denominado en nuestra Hoja de Ruta la “verdad histórica”. En efecto, el artículo 52.2 le exige a la CNRR “presentar un informe público sobre las razones para el surgimiento y evolución de los grupos armados ilegales”. Los países que han sufrido largos períodos de gobiernos autoritarios o conflictos armados prolongados -como es el caso de Colombia- enfrentan “un reto múltiple: conocer la verdad, hacer justicia, resarcir a las víctimas y/o familiares y alcanzar la reconciliación nacional”. 1 El derecho a la verdad constituye uno de los pilares de una política de reparación integral.

En relación con el primer reto, “conocer la verdad”, la CNRR ha asumido un compromiso claro en su Hoja de Ruta tanto con la verdad judicial como con la verdad histórica, al considerarlas como dos componentes básicos de una política de reparación integral.

Ahora bien, la Comisión señaló desde sus inicios que ésta no había sido concebida propiamente como una Comisión de la Verdad, fundamentalmente debido a la persistencia del conflicto armado interno. Las Comisiones de la Verdad que se han creado en el mundo en las últimas tres décadas han tenido como objeto explicar qué pasó, cómo pasó, quién fue responsable y cómo evitar que se repitan estos episodios dolorosos en el futuro. Es decir, se crearon al final de las dictaduras militares (Cono Sur), de las guerras civiles (Centroamérica) o del sistema de discriminación racial(Sudáfrica). Podríamos acoger la definición de la Enciclopedia de Paz y Conflictos la cual entiende como Comisiones “un tipo de institución de naturaleza temporal y complementaria encargada de investigar todo tipo de crímenes y violaciones masivas de derechos humanos sucedidas en el pasado” (p. 137). 2 Ahora bien, si bien se trata de una mirada hacia el pasado ésta se lleva a cabo pensando en el presente y, sobre todo, en el futuro: la construcción de un horizonte de reconciliación. Este postulado de las comisiones de la verdad, le imprime un carácter propositivo y positivo al ejercicio que llevan a cabo el cual, sin obviar el reconocimiento de hechos y heridas -individuales y colectivas, cruentas y dolorosas-, se realiza justamente para encontrar caminos que conduzcan a sanarlas, superarlas y resarcirlas sobre la base de pactos sociales y políticos mínimos que permitan apostarle a la construcción de la convivencia y la paz.

En las últimas cuatro décadas, desde el impulso de una comisión de este tipo creada en Bangladesh (1971), ha habido alrededor de 40 comisiones oficiales de investigación de crímenes de guerra o de lesa humanidad (Cf., anexo No. 1). Sin embargo, solamente pocas ameritan propiamente el nombre de Comisiones de la Verdad, siendo éstas ante todo las de Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala, Sudáfrica y Perú (anexo No. 2). 3

Retomando el balance de la Fundación IDEA, se podrían mencionar como los principales logros de las Comisiones de la Verdad los siguientes:

El análisis de las Comisiones de la Verdad, según IDEA, muestra que no ha existido un modelo único pues ha habido hondas diferencias en cuanto a su origen,7 su mandato y su composición. Las características de los períodos de transición que ha habido en cada caso particular han condicionado el tipo de comisión más adecuado (o más realista dadas las circunstancias internas), para cada contexto nacional. El contexto de Colombia es, como hemos insistido repetidamente, excepcional debido a la persistencia del conflicto armado. Por tanto, las características del informe que debe elaborar la CNRR debe responder a esta situación particular y, por tanto, sus alcances no serán necesariamente similares a los de las Comisiones de la Verdad. En estas el tema de la reconstrucción histórica de los hechos sucedidos ocupaba el lugar central de su mandato, en ocasiones incluso su objetivo único.

En primer término, no se trataría de crear una comisión de esclarecimiento históricoautónoma, distinta de la propia CNRR. Por el contrario, se trata de conformar un Grupo de Trabajo de alto nivel íntimamente ligado con la propia CNRR, sus reflexiones y sus consensos, con objeto de que el informe final refleje los puntos de vista de ésta.

En segundo término, se buscaría conformar un equipo multidisciplinario en el cual tendrían cabida distintas disciplinas de las ciencias humanas (historia, antropología, derecho, economía, psicología y otras).

En tercer término, el Grupo de Trabajo deberá reflejar en su mirada una dimensión de género, étnica y social.

En cuarto término, además del informe que exige la Ley, el informe sobre el surgimiento y la evolución de los grupos armados debe servir de insumo y generar los instrumentos que podrá requerir en el futuro un Comisión de la Verdad, la cual se halla igualmente prevista en la Ley 975 de 2005. En efecto, el artículo 7, inciso 3º, afirma que “los procesos judiciales que se adelanten a partir de la vigencia de la presente ley no impedirán que en el futuro puedan aplicarse otros mecanismos no judiciales de reconstrucción de la verdad”.

En quinto término, a diferencia de múltiples experiencias internacionales, 8 la CNRR quiere especificar en sus líneas generales la metodología que deberá guiar al Grupo de Trabajo, con base en la experiencia internacional y de las necesidades y especificidades de la situación colombiana.

Período de estudio

En Colombia, en términos históricos, podríamos diferenciar dos períodos en la violencia contemporánea. Por una parte, la llamada Violencia (con mayúsculas) o violencia clásica que abarcaría desde fines de los años cuarenta hasta los inicios del Frente Nacional. 9 Por otra parte, la violencia contemporánea que se originaría en el surgimiento de las guerrillas posrevolución cubana a mediados de los años sesenta y que se prolongaría hasta hoy.

La Violencia fue ya estudiada en la obra clásica de Monseñor Germán Guzmán, Eduardo Umaña Luna y Orlando Fals Borda, titulado La Violencia en Colombia. 10 De una u otra forma, los autores de este polémico libro cumplieron una función de esclarecimiento histórico sobre ese traumático periodo de la vida colombiana.

A la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación le corresponde afrontar la violencia contemporánea. Sin prejuicio de la definición o no de un período histórico para el desarrollo de sus políticas de reparación, 11 el Grupo de Trabajo de la CNRR tendrá como período de análisis la violencia que ha soportado el país desde los inicios del conflicto contemporáneo hasta hoy.

Fuentes

La elaboración de un informe por parte de una Comisión de las características de la CNRR, cuyas funciones principales son la reparación integral a las víctimas del conflicto armado y el diseño de políticas de reconciliación, no pueden ser un simple ejercicio académico. El rigor académico es indispensable, pero dado que la construcción de la verdad histórica tiene en nuestro caso una función social definida, los testimonios de las víctimas, los relatos de los ciudadanos en las regiones afectadas por la violencia, los expedientes judiciales y otras fuentes tanto primarias como secundarias, deberán ocupar un lugar central. En palabras de Pilar Calveiro, se trata de un ejercicio de historia concebida como memoria social.12

Desde esta perspectiva, las principales herramientas investigativas del Grupo de Trabajo serán las siguientes:

Verdad y justicia

Uno de los temas más controversiales con respecto a las Comisiones de la Verdad ha sido la relación entre éstas y los procesos judiciales. Algunas Comisiones han guardado una relación íntima con el aparato judicial por dos vías al menos: unas, debido a que la información que han obtenido (por ejemplo, de los testimonios de las víctimas o de los propios victimarios) ha servido para alimentar los procesos judiciales. Otras han gozado ellas mismas de facultades judiciales, por ejemplo, la facultad de otorgar amnistías.

Por otro lado y en íntima relación con el punto anterior, algunas Comisiones han publicado nombres de victimarlos e, incluso, de sus responsabilidades penales mientras otras se han abstenido.

El mandato legal para la Comisión en el plano de la verdad histórica es muy restrictivo, así como es muy limitada su incidencia en los procesos judiciales. Si nos atenemos al texto legal, la CNRR debe buscar desentrañar “las razones para el surgimiento y evolución de los grupos armados ilegales”. Por consiguiente, en su formulación actual el texto de la ley no le asigna consecuencias judiciales al Informe previsto.14

Por lo tanto, se trata de preparar un informe próximo a lo que hoy en día se conoce como los métodos de la sociología histórica. Este modelo de informe no va en contravía de la necesidad de reconstruir los patrones de víctimización (por grupos armados y por regiones) más utilizados en el país, los cuales servirán para el diseño de las políticas de reparación futuras.15

Memoria e identidad 

¿Es posible construir una historia compartida? ¿Todos los habitantes de un país tienen una lectura de la historia similar o, por el contrario, existen una diversidad de perspectivas? La discusión en torno a los informes de la verdad enfrentan siempre este desafío: ¿cuál verdad, la verdad de quién?

En un seminario reciente sobre este tema organizado por las Abuelas de la Plaza de Mayo, Pilar Calveiro, sostiene que reflexionar sobre la memoria y la identidad no remite a pensar “quiénes fuimos y quiénes somos o, más bien, quiénes creemos que fuimos y somos”. Y añade, “No es sencillo, pues se trata de fenómenos múltiples. No se puede hablar de una memoria, en sentido singular, sino de memorias siempre plurales, diversas y contradictorias. Tampoco podemos hablar de una identidad, sino de diferentes identidades que se superponen en una persona, un grupo social o una nación. ¿Así, pues, a qué memoria y a qué identidad podríamos referirnos?”.16

Ante este desafío las Comisiones de la Verdad en sus informes lo que han buscado es construir una historia de lo acontecido alejado de toda mirada partidista o unilateral (es decir, que sólo refleja las perspectivas de un grupo social), fundada en un gran rigor analítico, una documentación seria y una contrastación de múltiples fuentes fundada en una capacidad de escuchar a todos los sectores involucrados.

Duración

El Grupo de Trabajo tendría una vigencia de dos años.

Convocatoria pública

La CNRR abrirá una convocatoria pública para la designación del coordinador general del Grupo de Trabajo. Este deberá llenar tres requisitos básicos. En primer término deberá acreditar un título de doctorado en el campo de las ciencias sociales y probadaexperiencia en la investigación histórica. En segundo término, debe ser un académico con amplio reconocimiento nacional e internacional en los estudios de la violencia, lo cual deberá acreditar con libros y artículos sobre este tema. Finalmente, el candidato deberá acreditar experiencia y habilidad para el  trabajo en equipo.

Este coordinador general deberá presentarle a la CNRR su propuesta de trabajo en un lapso no superior a dos meses contabilizados a partir de su designación.
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1 Meter Harris, Ben Reilly y Daniel Zovatto (eds.), Democracia y conflictos profundamente arraigados: opciones para la negociación, Estocolmo, IDEA, 2001. volver
2 Mario López, Enciclopedia de Paz y Conflictos, Editorial Universidad de Granada, Granada, 2004, p. 137. Véase, igualmente, a Pablo Kalmanovitz, quien define estos organismos como aquellos “cuerpos oficiales provisionales de investigación, encargados de clarificar los hechos relacionados con los casos de violación de los derechos humanos en un período específico de tiempo”. (“Verdad en vez de justicia. Acerca de la justificación de las comisiones de verdad”, Seminario Internacional de Justicia Transicional, resolución de conflictos y secuestro en Colombia, Bogotá, 2005). Generalmente, las Comisiones de la Verdad han publicado un informe final, pero éste no ha sido siempre el caso. Las comisiones de Bolivia (1982-1984), Guinea (1985), Uruguay (1985), Zimbabwe (1985) y Filipinas (1986-1987) nunca publicaron sus resultados En el caso de Bolivia, por ejemplo, la Comisión Nacional de Investigación de Desaparecidos no culminó sus funciones por ausencia de recursos y de apoyo político. En otras casos (Uganda, Zimbawe, Nepal, Haití), los informes sobre las atrocidades cometidas no se hicieron públicos para evitar un rebrote de violencia. volver
3 Mario López, Enciclopedia de Paz y Conflictos, op. cit., p. 137. volver
4 Este fue el caso, por ejemplo, de Guatemala y El Salvador. volver
5 Esta ha sido, para muchos analistas, el principal logro de las Comisiones de la Verdad. volver
6 Esto constituyó uno de los principales aportes de la Comisión Nacional de Desaparecidos (CONADEP) que creara en 1983 el presidente Raúl Alfonsín. volver
7 Algunas comisiones fueron creadas por decisión del poder ejecutivo, otras tienen origen parlamentario y, finalmente, otras se originaron en organismos internacionales como Naciones Unidas. volver
8 Según Pablo Kalmanovitz (op. cit., p. 1), con base en el reconocido estudio de Priscilla Hayner (Unspeakable Truths. Facing the Challenge of Truth Commissions, Nueva York, Routledge, 2002, pp. 80-82), “ha sido bastante común que las Comisiones de la Verdad pasadas no especifiquen al principio la metodología para será utilizada para investigar los hallazgos del proceso de búsqueda de la verdad”. volver
9 Obviamente los cortes históricos son convencionales debido a que la Violencia de los años 40 y 50 se prolongó, con altibajos, hasta la desaparición del bandolerismo social y político a mediados de los años sesenta. Cf., Gonzalo Sánchez, 2. Gonzalo Sánchez Gómez. “Guerra y política en la sociedad colombiana”, en Análisis Político, No. 11,Bogotá, 1990. volver
10 Germán Guzmán, Orlando Fals y Eduardo Umaña, La Violencia en Colombia, Bogotá, Editorial Taurus, 2005. volver
11 Las políticas de reparación que han implementado las distintas comisiones en el mundo han abarcado un período de tiempo delimitado. Por ejemplo, en Chile se consideraron las víctimas de asesinato, desaparición forzada, detención arbitraria y tortura entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. Con total autonomía de la definición o no de un periodo similar en Colombia por parte de la CNRR para objeto de políticas de reparación, el informe histórico deberá abarcar un período amplio para la comprensión plena de la violencia política actual. volver
12 Pilar Calveiro, “Antiguos y nuevos sentidos de la política y la violencia”, en El porvenir de la memoria, 2º Coloquio Interdisciplinario de Abuelas de la Plaza de Mayo, Buenos Aires, 2005. volver
13 El modelo de audiencias públicas podría ser retomado, si las condiciones del país lo permiten, de las experiencias del Perú tal como nos las relata en su libro, La rebelión de la memoria (Pontificia Universidad Católica del Perú, 2004), Salomón Lerner, presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú: el lunes 8 de abril de 2002, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación del Perú dio inicio en las ciudades de Huamanga y Huanta en Ayacucho a las primeras audiencias públicas. Fue la primera vez que una Comisión de la Verdad utilizó esta experiencia en América Latina. La CVR se hallaba legalmente autorizada, pero no obligada, a realizar estas sesiones. Sin embargo, por razones morales consideraron que era indispensable adelantar estas sesiones con objeto de restaurar la dignidad de las víctimas escuchando sus testimonios. Se trataba de actos de reconocimiento social de su dolor. No eran, por tanto, ni actos de contenido propiamente político ni actos académicos. Eran sesiones solemnes en los cuales los comisionados recibían los testimonios, bajo un estricto protocolo formal, sin debates ni juicios ni confrontaciones. A su turno, había presencia de los medios de comunicación pero bajos estrictos estándares de respeto hacia las víctimas, para evitar todo sensacionalismo. Dado que el número de víctimas era enorme, la CVR se vio obligada a hacer una selección. Esta no estaba guiada ni por consideraciones políticas, ni por el afán de demostrar una tesis, sino, como intentando presentar un abanico de lo ocurrido en todo el país. Por ello, hubo audiencias no solo con las víctimas individuales, sino, igualmente, temáticas referidas a las historias regionales, los tipos de victimización y los comportamientos institucionales. volver
14 Retomando las palabras del Presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, Salomón Lerner, “los comisionados no somos jueces ni fiscales; no tenemos facultades para acusar, para exculpar ni para condenar. Cumplimos una labor de limpieza moral” (“Dar la palabra a los silenciados, en Salomón Lerner, La rebelión de la memoria. Pontificia Universidad Católica del Perú, 2004, p. 125. volver
15 Este fue, sin duda, el logro más importante del Informe de la Comisión Sábato, Nunca Más volver
16 Pilar Calveiro, op cit,. p.32 volver