El Presidente calificó la firma del Decreto de Reparación por Vía Administrativa como " un gran paso", e hizo un llamado para buscarle un complemento, de tal manera que al cumplir el Estado esa obligación de reparar por vía administrativa, "pueda tener un seguro de que no va a ser demandado por el beneficiario de esa reparación". Lo escuchan el Vicepresidente Santos y el Presidente de la Comisión de Reparación. Foto: César Carrión Presidencia de la República

Bogotá, abril 22 de 2008.- Una nueva herramienta para promover los procesos de reparación integral a las víctimas de los grupos armados legales, obtuvo el país con la firma del Decreto de Reparación por Vía Administrativa, que entra en vigencia a partir de hoy.

En el salón Gobelinos de la Casa de Nariño, el presidente, Álvaro Uribe Vélez, el ministro del Interior y Justicia, Carlos Holgín Sardi, con el presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) como testigo, firmaron el decreto No 1290 que le da vida a esta legislación que busca  asegurar la atención, a través de medidas de acceso a un conjunto de medidas a cargo del Estado.

El Programa de Reparación Individual por Vía Administrativa para las Víctimas de los Grupos Armados Ilegales, se convierte en una  acción anticipada para que los beneficiados no esperen un tiempo indefinido para ser reparadas por vía judicial, y en una herramienta para garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación.

Los alcances de este programa, un componente del Plan Nacional de Reparación,  se calculan en 100 mil víctimas y 450 mil familias desplazadas, lo cual demandaría recursos hasta por siete billones de pesos.

El objetivo es permitir el acceso, de manera ágil, a un conjunto de medidas de reparación que incluyen, además de una indemnización que oscila entre 27 y 40 salarios mínimos básicos mensuales, medidas relacionadas con restitución, rehabilitación, satisfacción y de no repetición de los hechos de victimización.

El decreto, que reglamenta aspectos de las Leyes 428 de 1997 y 975 de 2005, no desconoce el derechos de las víctimas de los  grupos armados ilegales, incluidos guerrilla y autodefensa, a seguir con los procesos de reparación por vía judicial.

Para ejercer el derecho a la reparación vía administrativa, las víctimas no requerirán de la representación de un abogado pues bastará con la radicación de su solicitud ante las oficinas de Acción social y las sedes de la CNRR en 10 regiones del país.

Las víctimas de violación a sus derechos fundamentales a la vida, la integridad física, la salud física y mental, la libertad individual y sexual, entre otros recibirán respuesta, luego de la radicación de su denuncia en un máximo de 18 meses.  Podrán acercarse a un Centro Integral a la Víctimas que tendrá presencia de representantes de entidades del Gobierno, la Fiscalía, la procuraduría, la defensoría del pueblo y de la CNRR.

Esta propuesta forma parte de un proceso de justicia transicional que incluye el esclarecimiento de la verdad, la reconstrucción de memoria histórica, la aplicación de justicia y la puesta en marcha de reformas institucionales para asegurar la no repetición de la violencia, así como medidas materiales y simbólicas que reconozcan el daño y el dolor a las victimas de manera individual y colectiva.

“Con el Decreto de Reparación por Vía Administrativa, las victimas del conflicto interno empezarán a tener acceso a toda la fuerza institucional del Estado para su reparación integral de forma inmediata. Gracias a esta iniciativa, las victimas no serán sometidas a procesos complejos  de registro, sino que accederán de manera ágil a un conjunto de medidas de reparación que incluye, además de una indemnización básica monetaria o en un  plan de vivienda, el acceso a programas de educación, salud, planes de bienestar, a la restitución de sus bienes y en general  a todas la fuerza institucional del Estado”, aseguró el presidente de la CNRR, Pizarro Leongómez.