Nariño afina su estrategia de atención a las víctimas

Bogotá, julio 4 de 2008.- Con el fin de evaluar la atención a víctimas y la aplicación de la Ley de Justicia y Paz en el departamento de Nariño, la sede Pasto de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) convocó en días pasados a representantes de diversas instituciones, organismos y entidades internacionales encargadas del tema.

Durante el encuentro se evidenció el compromiso de las entidades asistentes, con el trabajo conjunto a la hora de atender a las personas que se han visto afectadas por el conflicto interno.

Representantes de la MAPP – OEA, PNUD, OIM, UAO, Defensoría del Pueblo, Casa de Justicia, Acción Social, Bitácora Ciudadana, Programa contra minas, Gobernación de Nariño a través del asesor de Paz, Aldea Global, participaron en esta reunión en la que dieron a conocer su percepción de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz como una política pública que busca garantizar los derechos de las víctimas.

“Existe un interés en común entre las instituciones en relación con los procesos y las jornadas que se han venido realizando en diferentes municipios del departamento afectados por la violencia, manifestando que el principal objetivo debe estar encaminado a que las víctimas evidencien un empoderamiento en el tema de sus derechos y el acceso a los mismos”, afirmó el coordinar encargado de la sede regional Pasto, Carlos Mosquera.

Además, cada uno de los asistentes mencionó desde sus propias competencias institucionales, el interés de unificar conceptos que permitan el acceso de las víctimas a los procesos jurídicos en donde puedan ejercer sus derechos como ciudadanos. También dieron a conocer los programas que manejan desde cada institución, planteando la alternativa de crear estrategias que permitan a las personas que acuden a cada institución conocerlos y que puedan acceder a ellos.

Las instituciones participantes manifestaron un gran interés por participar en los procesos que busca promover la CNRR, para el fortalecimiento de la atención a las víctimas, pero principalmente para la creación de una Ruta de Atención que permita fortalecer el trabajo interinstitucional, buscando garantizar los derechos de las víctimas y evitando la vulneración de los mismos.