Para beneficiar ley de víctimas
CNRR insta a Gobierno y a fuerzas políticas a superar divergencias

Régulo Madero, representante de las organizaciones de víctimas; Patricia Linares Prieto, delegada del Procurador General de la Nación; Patricia Buriticá Céspedes, designada por el Presidente de la República, integrante de la Sociedad Civil; Monseñor Nel Beltrán Santamaría, designado por el Presidente de la República, en representación de la Sociedad Civil; Ana Teresa Bernal Montañez, designada por el Presidente de la República, en representación de la Sociedad Civil; Eduardo Pizarro Leongómez, Presidente la CNRR , por delegación del Vicepresidente de la República; Jaime Jaramillo Panesso designado por el Presidente de la República , en representación de la Sociedad Civil; Patricia Helena Perdomo González, representante de las organizaciones de víctimas; Oscar Rojas Rentería, designado por el Presidente de la República , en representación de la Sociedad Civil. Foto: CNRR

Bogotá, junio 17 de 2008.- La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) instó hoy al Gobierno y a las fuerzas políticas a superar, rápidamente,  los puntos de divergencia que permitan obtener por consenso una ley de víctimas aceptable para todos los colombianos.

Para este fin, la CNRR propone que el Senado avance en la discusión del articulado sobre el cual existe acuerdo para que el debate pase a la Cámara de Representantes,   y que, paralelamente, se vayan buscando los consensos sobre los puntos de divergencia.

“En la CNRR existe una discusión sobre todo el contenido de la ley, pero hemos tomado la decisión de hacerle un llamamiento al Gobierno y al Congreso para que superen las diferencias que existen en muy escasos artículos, para que tengamos una ley de víctimas”, dijo en rueda de prensa el presidente de la Comisión, Eduardo Pizarro.

La CNRR considera, además, que lograr un consenso entre todos los partidos en torno al articulado de la ley, en beneficio de las víctimas,  sería una lección tanto para el país como para la comunidad internacional, que rescataría la legitimidad del Congreso.

“En los últimos años el Congreso se ha debilitado por los nexos oscuros de muchos parlamentarios con la “parapolítica” y, evidentemente, un documento por consenso de todos los partidos a favor de las víctimas, no solamente rescataría la legitimidad del Congreso sino que sería un gesto fundamental que mostraría la voluntad del Parlamento y del Gobierno colombiano de responderle a las víctimas”, aseguró Pizarro.

La CNRR se compromete a propiciar un proceso de amplia discusión y deliberación para que el proyecto sea conocido por las víctimas y la opinión pública.

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texto completo de la rueda de prensa

La siguiente es la trascripción de la rueda de prensa ofrecida por los miembros de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), en cabeza de su presidente, Eduardo Pizarro Leongómez  a propósito del proyecto de Ley 157 de 2007 del Senado de la República, “Por la cual se crea el Estatuto de las Víctimas de crímenes y actos violentos en el marco del conflicto colombiano”.

Pregunta. ¿Usted o alguien de la Comisión ha hablado con el Gobierno sobre las observaciones de algunos apartes de este proyecto del Gobierno que estarían encaminadas a que las víctimas no cobren nuevamente una reparación que se ha hecho vía administrativa, para que el Gobierno se quede con lo que extingue al narcotráfico o los paramilitares?

Eduardo Pizarro Leongómez: La verdad es que múltiples comisionados, desde las instituciones que representan, han venido discutiendo con los miembros del parlamento y con algunos miembros del Gobierno. Evidentemente, conocemos cuáles son los puntos en los que persiste controversia entre el Gobierno y los ponentes del proyecto. Son cinco puntos. Pero quiero aclarar que la CNRR espera que estos puntos de discrepancia entre el Gobierno y los ponentes sean superados rápidamente para que tengamos, a corto plazo, una ley de víctimas. La Comisión hace un  llamado al Gobierno nacional, a los ponentes y a los representantes de los partidos políticos en el Congreso, para que estos puntos de divergencia sean superados rápidamente y tengamos a corto plazo una ley de víctimas aceptable para todos los colombianos. Los cinco puntos. Hay una discusión sobre el tema de la responsabilidad de Estado, si es subsidiaria, por acción u omisión respecto a los crímenes perpetrados o, como decía el Decreto de reparación por Vía Administrativa, la reparación   se hace desde la perspectiva de la solidaridad con las victimas, ese es un primer punto que está siendo objeto de discusión entre el Gobierno y los ponentes. Un segundo punto, son las relaciones entre al reparación por vía administrativa y la vía judicial, en la medida en que ambas opciones están abiertas y se está viendo cómo se armonizan ambas vías para beneficio de las víctimas. Un tercer punto donde existen algunas divergencias entre el Gobierno y lo ponentes, es respecto a los bienes del narcotráfico. En el proyecto de ley presentado en la Comisión Primera se plantea que la totalidad de los bienes, actualmente en estupefacientes, deben pasar al Fondo de Reparación de las Víctimas, mientras que el Gobierno plantea que el destino de esos bienes, debe ser, además de esos otros destinos, de acuerdo con las necesidades de la política estatal. Un cuarto punto, objeto de discusión, es con respecto al impacto fiscal de la ley tramitada en el Congreso, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda hay 30 artículos que tienen algún impacto fiscal. Se está evaluando cuál es el impacto para determinar el monto que el Gobierno debe asignar para la política de reparación y este es un tema sobre el cual se están construyendo los consensos necesarios.  Estos son los puntos centrales de la negociación del Gobierno y la Comisión Primera. Desde la perspectiva de la CNRR, es que se avance en todo el articulado sobre el cual existe consenso y se apruebe la ley para que avance a la plenaria de la Comisión Primera de la Cámara y en esta etapa se vayan adelantando consensos sobre los puntos en los cuales persisten diferencias entre el Gobierno y los ponentes de la ley.

Pregunta. Para que haya claridad, ¿cuál es la posición de la CNRR sobre esas divergencias?

EP: En la CNRR existe una discusión sobre el contenido de la ley, pero hemos tomado la decisión de hacer un llamamiento al Gobierno, al Congreso y a los partidos políticos con representación parlamentaria,  para que superen las diferencias que existen en muy escasos artículos, para que tengamos a corto plazo, una Ley de Víctimas por consenso. Nosotros, como Comisión,  hacemos un llamamiento en ese sentido, porque nos parece que sería una lección, tanto para el país como a la comunidad internacional, que hay una Ley de consenso de todos los partidos pero, sobre todo, porque en los últimos años el Congreso de la República se ha debilitado por los nexos oscuros de muchos parlamentarios con la parapolítica y, evidentemente, un documento por consenso de todos los partido a favor de las victimas, no sólo rescataría la legitimidad del Congreso sino que sería un gesto que mostraría la voluntad del Parlamento y del Gobierno colombiano de responder a las víctimas. La preocupación que todos tenemos  es que ha habido una política seria de reintegración de los excombatientes a la vida civil, pero requerimos que haya un esfuerzo mucho más importante a favor de las víctimas. Por eso nuestro llamamiento es para que haya una ley por consenso en los partidos.

Pregunta. En el comunicado dice que ustedes se comprometen para trabajar por ese consenso. Pero en ese tema el más reacio a la Ley es el Gobierno, acá dice que lo van a consultar con las victimas, entidades públicas… pero realmente el que se está oponiendo es el Gobierno  

EP: De acuerdo con las reuniones que ha habido con los ponentes de la ley de víctimas, está de acuerdo con la necesidad de una ley a favor de las víctimas, está de acuerdo con más del 90 por ciento del articulado, que le parece enormemente positivo, y todavía muestra discrepancias con algunos pocas normas. Esta preocupado por el impacto fiscal y quiere evaluarlo para que la ley no genere un desbordamiento fiscal, que puede poner en peligro la estabilidad macroeconómica. Esa es una preocupación del Gobierno. Pero le aseguro que es más lo que acerca al Gobierno con la ley que lo que la diferencia. Nosotros como Comisión esperamos ejercer un rol importante para que estas diferencias, que son en un número muy limitado, se superen en el corto plazo. Hoy en la plenaria, de acuerdo con lo que el Gobierno ha informado, esa es la actitud que va a asumir, es decir, favorable hacia la ley hacia la inmensa mayoría del articulado, y la propuesta de que se sigan debatiendo en algunos normas especificas buscando el consenso entre el Congreso y el Gobierno nacional, lo cual es una buena noticia para el país.

Pregunta. ¿Usted cree que este proyecto realmente tiene un impacto fiscal?

EP: Toda norma de reparación tiene impacto fiscal en el sentido de que, evidentemente políticas que tienen que ver con acceso de las victimas a educación, salud,  indemnización económica y diseñar una política de restitución de bienes tiene impacto fiscal, pero de acuerdo con los criterios del Ministerio de Hacienda, este impacto fiscal, si construimos un modelo de reparación en un período de tiempo prudencial, no es gravoso para el país y el país lo puede afrontar. Lo importante es que evaluemos ese impacto fiscal y que la ley no comprometa la estabilidad macroeconómica del país, sino, que sea sostenible a largo plazo. De acuerdo con la información que he recibido de Ministerio de Hacienda es un impacto que puede ser asimilado por el país, destinando año por año, algún presupuesto nacional para hacerlo sostenible en el largo plazo, eso es lo importante. Cuánto sería. Eso lo está evaluando.  

Pregunta. ¿Sería de cuánto?

EP: La verdad es que eso está siendo evaluado por el Ministro de Hacienda y yo creo que hoy, muy probablemente, el viceministro del Interior o el Viceministro de Justicia o del Interior van a plantear el documento del Ministerio de Hacienda.

Pregunta. ¿Según lo que usted hablaba con los congresistas del propio Gobierno, usted cree que esta tarde va a pasar entonces el proyecto para ser discutido?

EP: Yo lo que creo que va a ocurrir es lo siguiente: el Gobierno va a plantear el informe del Ministerio de Hacienda sobre el impacto fiscal de la Ley de Víctimas, va a plantear aquellos puntos de los que todavía hay algunas diferencias y va a plantear que aprovechemos de hoy martes hasta el jueves, que se cierran las sesiones del Congreso, para dirimir estas diferencias que son menores, para que pueda reiniciarse el debate en la Plenaria de la Comisión Primera de la Cámara, una vez se reinicien las sesiones. Yo creo que ese es probablemente el escenario de lo que va a ocurrir.

Pregunta. Pero dos días no son muy poquitos con respecto a los meses que dice el Senador Cristo que viene discutiendo con el Gobierno el proyecto, ¿en dos días si se va a lograr lo que no se pudo en cuatro meses?

EP: No, en cuatro meses se ha avanzado extraordinariamente, hay un consenso de más del 90 por ciento de las normas contenidas en la Ley de Víctimas, yo le digo que lo que a mí me impacta es que goza de un consenso mayoritario de los partidos políticos en la Cámara y Senado y goza, no solamente de muchas instituciones que hemos nombrado a nivel nacional e internacional, goza de un respaldo mayoritario en la CNRR y goza de un respaldo mayoritario en el seno del gobierno. Es ejemplar esa Ley de Víctimas por el consenso que ha logrado, por eso hay diferencias en algunas normas, pero yo espero, y es el llamado que hace la CNRR, que en esas pequeñas diferencias podamos avanzar en los próximos días. Hemos avanzado extraordinariamente en estos meses de negociación, es excepcional una ley que tenga todo el respaldo de los partidos políticos en el Congreso, que tenga un grado de aceptación en el Gobierno, la verdad no conozco una experiencia similar en el pasado en el país.

Pregunta. ¿Qué magnitud tiene el aporte de los bienes que son de extinción de dominio y que son contemplados en está Ley para la reparación de las víctimas?, ¿cómo sería este aporte para la reparación? y la pregunta del millón ¿es cuándo sería la primera víctima reparada, porque hasta la fecha de hoy no hay ninguna?

EP: La reparación  vía judicial, que es la que estaba contemplada en la Ley de Justicia y Paz, evidentemente depende de la evolución de los procesos penales y es probable que por esa vía judicial la reparación a las víctimas se demore todavía un tiempo importante pero, precisamente frente a ese panorama, se aprobó el Decreto reglamentario por vía administrativa y frente a ese panorama estamos avanzando en la Ley de Víctimas. Nosotros esperamos que la reparación material que podía demorarse mucho tiempo por la vía judicial, se inicie ya por la vía administrativa y la propuesta que ha hecho el Gobierno nacional es que, a más tardar en el primer semestre del 2009, se inicien ya masivamente los programas de reparación administrativa. Es decir, que con la reparación por vía administrativa vamos a acelerar los tiempos a favor de las víctimas, ahora ¿qué papel cumplen los bienes de los victimarios?, la verdad es que el número de víctimas en el Fondo de Reparación ha ido creciendo, no al ritmo que quisiéramos, y los bienes que están hoy en Estupefacientes son de enormes significación que van a pasar a mediado plazo al Fondo de Reparación, el sueño sería  que el ciento por ciento de la reparación se hiciera con los bienes de los victimarios, digamos, ese debería ser el horizonte que debe animarnos, pero si eso no es posible vamos hacer un llamado a la solidaridad de los colombianos para con las víctimas para que, igualmente, haya recursos del Estado, pero nunca abandonando la perspectiva de que debe ser fundamentalmente con los bienes de los victimarios.

Pregunta: ¿Eso por ejemplo se traduciría en un impuesto?

EP: No necesariamente, pero sí en la asignación de recursos del presupuesto nacional cada año para el Fondo de Reparación de las Víctimas por vía administrativa. 

Pregunta. ¿Ustedes plantean que no todo el dinero del narcotráfico y de los paras se vaya para el Fondo de Reparación sino que?

EP: Desde la perspectiva de la CNRR, el sueño sería que la totalidad de los bienes que tiene Estupefacientes vaya al Fondo de Reparación para las Víctimas y que no se destinen a otras funciones del Estado, pero sobre esto existen diferentes posturas. Ese sería el sueño ideal.  

Pregunta: ¿Pero la extradición se dio porque los paramilitares no habían reparado víctimas  al no entregar sus propiedades, ahora el Estado quiere coger una parte de esas propiedades para beneficio propio, al no querer entregar el cien por ciento para la reparación de las víctimas?

EP: No, los bienes de los jefes paramilitares deben pasar ciento por ciento al Fondo de Reparación, se trata de bienes de narcotraficantes que no hacían parte de los grupos paramilitares, pero de acuerdo con la propuesta que hacen los ponentes  de la Comisión Primera del Senado, la totalidad de bienes de Estupefacientes provengan de narcotraficantes puros o narcos paramilitares deben pasar al Fondo de Reparación para las Víctimas, eso es lo que está contenido en la Ley de Víctimas.

Pregunta: ¿De ser aprobado este proyecto, de qué fecha para acá vendrían cobijadas las víctimas, de qué año para acá estarían dentro del proyecto?

EP: La Ley no le puso fecha hacia atrás, es decir que todas las víctimas que han sido afectadas por la violencia política por actores armados ilegales que han ejercido violencia política y de acuerdo con la Ley de Víctimas presentada por el Senador Cristo y otro ponentes, se incluyen además víctimas de agentes del Estado, es decir, sería todo el universos de las víctimas que han sido afectadas sin que haya una fecha hacia atrás del conflicto contemporáneo colombiano, pero no hay fecha ni en la Ley ni en el Decreto de Reparación por Vía Administrativa.

Pregunta: ¿Y cómo regularían esa entrega de esos beneficios, digamos si hay una víctima individual y qué pasaría con las víctimas que son grupos familiares, la entrega va hacer ser individual o se van a tener en cuenta grupos familiares?

EP: De acuerdo con el Decreto de Reparación por Vía Administrativa y la sentencia de la Corte Constitucional, está determinado que los miembros de la familia que serían beneficiados de las políticas de reparación, es decir que eso ya está reglamentado por la Ley, digamos, porque existe que la víctima puede ser un  sobreviviente de una mina antipersonal o puede ser una víctima que murió o fue asesinada en una masacre o etc, los sobrevivientes de esa víctima pueden ser beneficiarios de las políticas de reparación y eso incluye como usted dice, no sólo a la víctima sobreviviente sino al núcleo familiar.

Pregunta: El reconocimiento de las víctimas de crímenes de Estado que uno diría que es un tema muy neurálgico, por el lado de las víctimas y por el lado del Gobierno, ¿ustedes en la CNRR qué posición tienen frente a este tema?

EP: En la CNRR hay un debate interno frente a ese tema, nosotros consideramos que la totalidad de las víctimas deben ser objeto de medidas de reparación, no sólo las víctimas de actores privados de grupos armados ilegales, sino igualmente las víctimas de agentes del Estado, la forma como las víctimas de Estado deben ser objeto de medidas de reparación es objeto de discusión, pero nosotros no dudamos de que en base al principio de igualdad y el principio de las garantías de universalidad de los derechos a la reparación se deban incluir a la totalidad de las víctimas sin ninguna excepción.