Terminaron jornadas de Consulta Social en 9 regiones
El país opinó sobre Plan Nacional de Reparación

Bogotá, marzo 5 de 2008.- Más de 3.500 víctimas y sus representantes, así como miembros de ONGs províctimas, de organismos multilaterales y  de la sociedad civil, entre otros,  participaron en las Consultas Sociales convocadas por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), entre el 14 de febrero y el 4 de marzo, para dar a conocer los alcances de su propuesta de un Plan Nacional de Reparación.

Las Consultas Sociales realizadas en Sincelejo, Bucaramanga, Bogotá, Valledupar, Medellín, Pasto, Cali, Mocoa y Barranquilla se caracterizaron por la alta participación de las victimas para quienes se promueve un proceso de reparación integral que contempla  medidas diversas como la reparación psicológica, simbólica y material, tanto de forma individual como colectiva.

La propuesta de un Plan Nacional de Reparación se enmarca dentro del proceso de justicia transicional que se desarrolla en Colombia desde la sanción de la Ley de Justicia y Paz. Dicho proceso contempla el esclarecimiento de la verdad, la reconstrucción de memoria histórica, la aplicación de justicia y la puesta en marcha de reformas institucionales para asegurar la no repetición de la violencia; así como medidas materiales y simbólicas que reconozcan el daño y el dolor a las victimas.

La creación del Día Nacional de la Víctima, la entrada en vigencia de forma inmediata de las reparaciones vía administrativa, la reducción de trámites, el retiro de los nombres de las víctimas del conflicto interno de las centrales de riesgo del sector financiero para que accedan a créditos productivos, la creación de la Cátedra sobre el tema de Justicia y Paz, formaron parte de las propuestas presentadas por las víctimas en este segundo ciclo de Consultas Sociales.

La Comisionada Patricia Buritica, solicitó que el trabajo de las víctimas realizado durante los dos días de consulta sea tenido en cuenta y se refleje en las medidas que se adopten en adelante, mientras que el también comisionado, Regulo Madero, destacó que la CNRR está en la tarea de promover el acceso a toda la fuerza institucional necesaria para garantizar  la  reparación integral teniendo en cuenta que las víctimas merecen toda la atención del Estado.

La Comisionada Ana Teresa Bernal, afirmó que las dimensiones de la violencia que han sufrido las víctimas las han impactado de diversas formas, pero también representan  retos para la consecución de la paz en Colombia.

Reparación Individual Vía Administrativa
Los participantes opinaron sobre lo que será un Plan Nacional de Reparación que incluye temas como el Programa de Reparación individual por Vía Administrativa que está en etapa de diseño por parte del Gobierno y que será oficializado a través de un Decreto. Para su construcción la CNRR a presentado diversas propuestas y sugerencias basadas en la atenta nota que se ha tomado a lo largo de las Consultas Sociales.
Los asistentes en cada región conocieron aspectos de esta normatividad que busca fortalecer la caja de herramientas necesarias para promover un proceso de reparación integral a las víctimas de los grupos al margen de la ley sin que tengan que esperar indefinidamente la reparación por vía judicial.

“Ha habido el mejor ánimo de acertar y encontrar las mejores medidas de reparación y el proceso de Consulta Social nos permitió obtener mayor comprensión para diseñar el documento que será presentado, con base en el conocimiento de las víctimas y las situaciones que han tenido que enfrentar en diversas partes del país", consideró Evelio Henao, delegado del Ministerio de Interior y Justicia para los temas de Justicia Transicional.
El funcionario reconoció que si bien el Decreto propuesto no es la “panacea”, se trata de un programa que busca ser "serio, responsable y fiscalmente viable  como parte de un proceso que atenderá víctima por víctima dentro de una iniciativa masiva que no requerirá de abogados, puesto que se realiza sin necesidad de un juez”.

Las victimas, protagonistas de este proceso, plantearan sus inquietudes alrededor de la forma como entraría a operar el Programa de Reparación vía Administrativa lo relacionado con las indemnizaciones y las definiciones de los montos acordes con el tipo de victimización y abuso de los derechos humanos.

De acuerdo con el presidente de la CNRR, Eduardo Pizarro Leongómez, el decreto permitirá dar un nuevo paso en el propósito de reparación integral con acceso a la fuerza institucional del Estado y se convertirá en la oportunidad para conocer el verdadero universo de las víctimas en el país.

Gracias a esta iniciativa, las victimas no serán sometidas a procesos complejos  de registro, sino que accederán de manera ágil a un conjunto de medidas que incluye, además de una indemnización básica monetaria o en un  plan de vivienda, el acceso a programas de educación, salud, planes de bienestar, a la restitución de sus bienes y en general  a toda la fuerza institucional del Estado.

De acuerdo con el registro de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, las víctimas ascienden a 128 mil, aunque se espera el registro de al menos 130 mil nuevas de ellas puesto que a la fecha muchas han permanecido invisibles por temor a denunciar los hechos.

“Las víctimas podrán ir al Comité de Reparación que se va a crear, demostrar su condición e iniciar el proceso de reparación. Muchas se pueden hacer visibles y en ese momento el país conocerá su universo real de victimas”, afirmó el presidente de la CNRR.