Panel de expertos lamenta dificultades en el acceso a la justicia por parte de las víctimas
Persisten vacíos en el acceso a los derechos de las víctimas

Bogotá, marzo 12 de 2009.- Aún persisten enormes distancias entre las leyes y el acceso de las víctimas al ejercicio de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral, puesto que no hay condiciones básicas para su participación, ni logística necesaria para las entidades encargadas de la ejecución de la Ley de Justicia y Paz.

 En el panel “estándares probatorios, víctimas y demostración del daño”, realizado en el marco del evento “Desarrollo del Proceso de Justicia y Paz” convocado por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) y la MAPP-OEA,  los participantes Tatiana Rincón, asesora internacional de la CNRR, Ángela Buitrago, delegada de la Fiscalía General de la Nación ante la Corte Suprema de Justicia y el ex procurador, Adolfo Salamanca, concluyeron que las víctimas aún se enfrentan a muchas dificultades a la hora de acceder al ejercicio de sus derechos.

El moderador del panel, el Coordinador del Programa de Atención a las Víctimas de la Alcaldía de Bogotá, Álvaro Córdoba, afirmó que hay una condición de vulnerabilidad de las víctimas que hace muy difícil el cumplimiento de los estándares internacionales en materia de acceso a la justicia y garantía de sus derechos.

“La justicia transicional exige más que textos, instrumentos adicionales para que los estándares internacionales de justicia se realicen. No hay un programa serio de protección  a víctimas y su vulnerabilidad les impide el acceso al proceso, además la Fiscalía no cuenta con todos los elementos para hacer las investigaciones”, dijo.

Buitrago consideró que La consecución de la prueba no debe ser sólo proporcionada por los versionados, puesto que en caso de no estar disponible no se cumple con las víctimas.

La asesora internacional de la CNRR, Tatiana Rincón, reiteró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dejado constancia de hechos que vulneran el acceso efectivo a  los derechos de las víctimas, como fue el caso de la extradición de los jefes paramilitares y advirtió que en el próximo informe de la Comisión Interamericana, vuelve a afirmar que persisten las dificultades en el acceso a los procesos en el marco de la Ley de Justicia y Paz.

“La Comisión está dejando sentada la violación e incumplimiento de esas obligaciones. Ya se han hecho advertencias en los casos de La Rochela y Valle Jaramillo. Si el Estado colombiano no hace las correcciones del caso, va a ser declarado internacionalmente responsable de la violación  del acceso a los derechos. Hay esfuerzos de fiscales y de entidades como la CNRR pero se constata una distancia enorme entre la norma y la garantía de los derechos”, dijo.

Salamanca aseguró que, dada la dimensión de los hechos, falta voluntad para hacer los correctivos necesarios para ahondar y obtener resultados más concretos. Además, “la capacidad logística de las instituciones es limitada y en buena medida hay un prejuicio de algunos funcionarios para atender con criterio amplio la tarea que significa abordar un fenómeno de violencia como el de Colombia”.

Durante el panel, los expertos afirmaron que las víctimas deben tener claro y exigir que la comprobación de los hechos que los afectaron siga siendo responsabilidad de las entidades encargadas de la aplicación de la ley. 

Buitrago aclaró que en materia de la ley de Justicia y Paz impone a las víctimas cargas que fueron superadas por el régimen procesal anterior.

“El principio de la carga de la prueba hace especial énfasis en que el estándar internacional hace respetar el debido proceso, lo que exige el análisis de la participación de la víctima en los procesos que se adelantan tanto en ley 975 como en otro procedimiento penal”, dijo.

Salamanca lamentó que en una valoración de la Procuraduría General de la Nación realizada al acceso a servicios de asesoría jurídica por parte de las víctimas, se detectó la inexistencia de canales entre las víctimas con los funcionarios encargados de su defensa y recordó que es evidente la constitucionalidad  de los derechos de las victimas por tanto la ley de Justicia y Paz debe ampliar el espectro de garantías para el acceso a la verdad, la justicia y la reparación.

La imputación parcial en el ojo del huracán

En un panel sobre “imputaciones parciales y repercusiones en los procesos de Justicia y Paz”, los participantes Camilo Bernal del Ictj, el Magistrado auxiliar de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Jairo Ramírez Moros, con la moderación del experto en Derecho Internacional, Florian Huber concluyeron que a pesar de la controversia, las imputaciones parciales son una realidad sustentada en varios fallos de las altas cortes que deben ser aceptadas por todas las entidades.

“Si bien surgieron por fallas procesales del proceso judicial, la Fiscalía General de la Nación las aplica como estrategia para agilizar la obtención de resultados”, afirmó el moderador del panel.

Sobre las lecciones que deja la audiencia de imputación parcial de Ramón Isaza realizada en días pasados, Huber afirmó que mostró que requieren de mucho tiempo puesto que de unos 165 hechos programados, sólo se alcanzaron a evacuar 35.  Además, muchas de las víctimas que llegaron a participar no contaban con defensor público, el cual les fue asignado dicho día, lo cual muestra que estos procesos requieren de mucha más preparación.

El encuentro jurídico interinstitucional, “Desarrollo del proceso de Justicia y Paz, implicaciones y retos”, convocado por la CNRR, con el apoyo de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA), será clausurado esta tarde con  la participación de especialistas de las altas cortes,  investigadores, académicos,  operadores de instituciones del Estado, organizaciones internacionales y ONG que le hacen seguimiento al proceso de Justicia y Paz.

Este evento busca hacer una evaluación al proceso de acceso a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación por parte de los colombianos afectados por los rigores del conflicto  interno, a través del análisis de temas como la garantía del acceso a los derechos de las víctimas y la forma de demostrar el daño, los retos que representan las siguientes etapas del proceso de Justicia y Paz, los mecanismos de restitución de bienes, entre otros.

El encuentro busca generar espacios de discusión de temas que han surgido en la aplicación de la Ley, como los aportes de la jurisprudencia a la garantía de los derechos de las víctimas, las repercusiones de las imputaciones parciales en los procesos de Justicia y Paz, estándares probatorios, y los mecanismos legales para la restitución de bienes.