La propuesta está contenida en el proyecto de ley de Víctimas que está listo para discusión en la plenaria del Senado de la República
La extinción de dominio se aplicaría a victimarios

Bogotá, marzo 12 de 2009. La extinción de dominio sería aplicada en casos de los bienes obtenidos de manera ilegal por parte de los grupos armados al margen de la ley, como parte de una estrategia de restitución de bienes para las víctimas del conflicto interno.

Así lo anunció, Álvaro Mejía del programa Midas/Usaid, durante su intervención en panel “Mecanismos de Restitución de Bienes”  en el “Encuentro Jurídico Interinstitucional, Desarrollo del Proceso de Justicia y Paz”, convocado por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), con el apoyo de la MAPP/OEA.

El investigador, que participó en un estudio solicitado por la CNRR para apoyar un proceso de restitución de bienes, explicó que en el proyecto de la Ley de Víctimas,  que entra a último debate en la plenaria del Senado de la República, se incluyó una serie de herramientas que pueden acelerar la restitución de unos 5,5 millones de hectáreas despojadas a personas afectadas con ocasión del conflicto interno.

Las herramientas de tipo judicial incluyen, además,  alternativas como la declaratoria de ausencia de justo título,  el proceso de clarificación de la propiedad, la restitución de la posesión u ocupación, el proceso de pertenencia, la acción para recuperar la mera tenencia y la diligencia de desalojo en virtud de sentencia judicial.

La propuesta contempla otras herramientas de tipo administrativo como la entrega de predios en compensación y la compensación en dinero.
“Con el proyecto de ley se busca recuperar y quitarle los bienes a los victimarios. Ahí debe estar concentrado el esfuerzo del Gobierno y de toda la sociedad”, afirmó.

El coordinador de la sede regional Antioquia de la CNRR, Gerardo Vega, afirmó que “en materia patrimonial hay una in mensa deuda con las víctimas del país” y detalló que si bien no están en marcha mecanismos de restitución de bienes dirigidos a este grupo de la población, el trabajo coordinado puede representar la recuperación de los bienes despojados como lo demuestra el trabajo con dos casos pilotos en Turbo, Antioquia con 100 familias a las que se les restituyó mil hectáreas y otro en Tulapas, Mutatá y Turbo con 724 casos con un total de 30 mil hectáreas.
 “Es posible restituir los bienes  las comunidades con las herramientas jurídicas disponibles en la actualidad”, agregó y aseguró que con base en la experiencia del departamento de Antioquia, se estableció que los delitos más recurrentes frente a los bienes de las víctimas son la venta forzada y el despojo de bienes.

Eduardo Noriega del programa Midas de la Usaid, explicó que un diagnóstico encontró que al menos 300 mil familias han sido víctimas de despojo, de las cuales el 70 por ciento  corresponden a predios de menos de 15 hectáreas, es decir pequeños campesinos que, además,  no tienen los documentos que certifican su propiedad.

“Al ritmo de las posibilidades judiciales no verán la restitución de bienes”, aseguró. 
El proyecto Midas advirtió que los costos de no restituir los bienes a las víctimas representa la prolongación de esta condición, sobrecostos en la atención humanitaria, prolongación de la inseguridad jurídica, se consolida el botín de los victimarios, se favorece la violencia como medio de apropiación, se expone al Estado a condenas internacionales, entre otras consecuencias.

“El proyecto de ley se debe mejorar con inteligencia de tierras para que el juez tenga herramientas para juzgar, que se cree una sala de restitución de bienes y no que simplemente esta pase a las salas de Justicia y Paz y se cree un mecanismo de primera y segunda instancia para no dilatar los procesos”, propuso Mejía.

El encuentro jurídico interinstitucional, “Desarrollo del proceso de Justicia y Paz, implicaciones y retos”, convocado por la CNRR, con el apoyo de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA), contó con la participación de especialistas de las altas cortes,  investigadores, académicos,  operadores de instituciones del Estado, organizaciones internacionales y ONG que le hacen seguimiento al proceso de Justicia y Paz.

Este evento se convirtió en el escenario para evaluar el proceso de acceso a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación por parte de los colombianos afectados por los rigores del conflicto  interno, a través del análisis de temas como la garantía del acceso a los derechos de las víctimas y la forma de demostrar el daño, los retos que representan las siguientes etapas del proceso de Justicia y Paz, los mecanismos de restitución de bienes, entre otros.

El encuentro sirvió para propiciar espacios de discusión de temas que han surgido en la aplicación de la Ley, como los aportes de la jurisprudencia a la garantía de los derechos de las víctimas, las repercusiones de las imputaciones parciales en los procesos de Justicia y Paz, estándares probatorios, y los mecanismos legales para la restitución de bienes.