EDUARDO PIZARRO LEONGÓMEZ

SANTIAGO BURGOS BOLAÑOS, EL UNIVERSAL -

En el conflicto armado colombiano, e incluso en los caminos elegidos por el Gobierno para terminarlo, las víctimas están cargando el mayor peso de la tragedia. En el proceso de paz con los paramilitares, además, han tenido que cargar la responsabilidad de vencer el temor y contravenir amenazas e intimidaciones.

En esta maraña de para-política, rearme, homicidios, persistencia del conflicto y amenazas contra quienes han reclamado sus derechos, el trabajo de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), creada para acompañar a las víctimas en el marco de la Ley 975 (de Justicia y Paz), parece más difícil. Su presidente, Eduardo Pizarro Leongómez, ve como los primeros retos crear condiciones de seguridad en las regiones y recuperar la confianza en el Estado.

Hay casos graves, como el de Cartagena, donde las reclamaciones y las denuncias llegan goteadas, mientras grupos armados arrinconan a las víctimas. La CNRR trabaja en la creación de una oficina en la ciudad. Pizarro anunció que, para empezar, están a punto de suscribir un convenio con la Universidad de Cartagena.

—¿Por qué el convenio con la Universidad de Cartagena?

-En la Costa Caribe, la CNRR tiene oficinas en Sincelejo (desde la que se cubre Cartagena), Barranquilla y —próximamente— Valledupar. Dadas las dimensiones del problema, particularmente en Bolívar y Cartagena, creemos importante avanzar en la apertura de una oficina en la ciudad.

Hay un universo de víctimas. Nos decían que sólo en Cartagena podían haber cerca de 70.000 personas en condición de desplazamiento y hay un problema grave de emergencia de bandas criminales, que pueden amenazar a los líderes de los barrios.

—¿Cuál sería la participación de la Universidad?

-La Universidad de Cartagena viene desarrollando un trabajo extraordinario: tiene un observatorio del desplazamiento, que hace investigaciones y acompaña a la población víctima de esta tragedia; y la facultad de derecho viene trabajando, en convenio con Ilsa (Instituto de Servicios Legales Alternativos), en el consultorio jurídico para la atención de la población desplazada. Tratamos de aprovechar esto para maximizar ese trabajo para las víctimas.

La idea es, más adelante, crear una red departamental, con organismos del Estado, universidades y organizaciones no gubernamentales, que puedan afrontar este desafío tan grande que está desbordando todos los organismos del Estado.

***

En mayo pasado, la CNRR, la Defensoría del Pueblo y la Personería Distrital, realizaron una jornada de atención a víctimas, esperando recibir cientos de denuncias. El balance de sólo 62 nuevas denuncias, en dos días, multiplicó el temor manifestado por las organizaciones sobre las posibles intimidaciones de grupos emergentes en sectores populares de Cartagena. En los registros de la Fiscalía, según Pizarro, no hay más de 140 víctimas de Cartagena, aunque hay más de 70.000 personas en situación de desplazamiento en la ciudad.

—Habla de un universo de víctimas en Bolívar y Cartagena, pero eso no se está viendo en las cifras de denuncias...

-En este clima de persistencia del conflicto y emergencia de bandas criminales, muchas víctimas temen hacerse visibles, por las amenazas, por miedo a que se rompa el espacio de tranquilidad que han recuperado al desplazarse y llegar a Cartagena. Las 70.000 víctimas que se han hecho presentes en toda Colombia ante la Fiscalía, no representan el universo real de víctimas del país.

Es muy probable que ese universo sólo se conozca cuando termine el conflicto, haya reales condiciones de seguridad en las regiones y —sobre todo— cuando las víctimas recuperen confianza en el Estado. Muchas no confían ni en la Fiscalía. Tenemos que mejorar, para que no se produzcan fenómenos como el de aquí.

—En su informe de rearme, la CNRR no registra grupos en Cartagena ni el norte de Bolívar...

Una cosa son las bandas criminales emergentes, compuestas por mandos medios de los grupos paramilitares desmovilizados, que mantienen sus estructuras para el tráfico de drogas; otra es la emergencia de bandas criminales que, con la experiencia de los antiguos grupos, están creando redes de extorsión en zonas rurales y urbanas.

Me doy cuenta que nuestro informe se quedó corto. Es muy probable que estén surgiendo bandas dedicadas a la extorsión en las zonas urbanas, por ejemplo en Cartagena, y que estén amenazando a líderes barriales para evitar que estos denuncien.

—¿Ese fenómeno debería ser visto como un problema residual del proceso de paz y, por tanto, las víctimas serían sujetos de reparación?

-Es complejo, porque la Ley de Justicia y Paz se refiere a grupos armados ilegales desmovilizados. Las bandas emergentes no tendrían esas características y sus víctimas no podrían ser beneficiadas por esa ley.

Se trata de bandas criminales, pero muchas de ellas están asumiendo cierto barniz político: no están combatiendo a la guerrilla y no tienen voluntad contrainsurgente, pero están amenazando a las víctimas de la Ley de Justicia y Paz. Podemos desconocer su carácter político, pero no podemos desconocer que pueden adquirir dimensión política al impedir que las víctimas accedan a sus derechos.

***

La desmovilización de las dos principales guerrillas del país, el Eln y las Farc, no parece cercana: la octava ronda de negociaciones entre el Gobierno y el Eln en la Habana (Cuba) terminó el pasado domingo sin el esperado cese al fuego; y Gobierno y Farc están cada vez más lejos, incluso, del llamado “intercambio humanitario”. Si la reparación para las víctimas del paramilitarismo se ve lejos, la de las víctimas la guerrilla es todavía un gris en la ley.

—¿Cuál ha sido la proporción de víctimas de la guerrilla que ha denunciado y reclamado?

-En varios departamentos, la inmensa mayoría de las víctimas que se han acercado es de grupos paramilitares. De manera creciente se están acercado víctimas del Eln y de las Farc. Esto nos va a obligar a construir el modelo de reparación de las víctimas de la guerrilla, que no podrá ser muy distinto al de las víctimas del paramilitarismo.

No podemos crear víctimas de primera y víctimas de segunda. Debe haber igualdad de los derechos, en términos de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.

—¿Ese modelo se construiría en medio del conflicto?

-Si el conflicto se prolonga, no le podemos plantear a las víctimas de la guerrilla que sus derechos se van a posponer indefinidamente. Creo que la decisión que ha tomado la Comisión de presentarle al Gobierno una reparación vía administrativa y no sólo por la vía judicial —es decir, que podamos acceder rápidamente en beneficios para las víctimas— podría orientarse a víctimas de todos los grupos.

***

La voluntad de los desmovilizados jefes paramilitares de reparar y no volver a victimizar no ha sido demostrada, como tampoco han evidenciado su intención de decir la verdad, de acuerdo con organizaciones de víctimas que consideran que las versiones libres han sido intentos de justiciar sus actos.

En el último mes, dos casos han sacudido el proceso: el Gobierno encontró que la mitad de los bienes declarados por Salvatore Mancuso están a nombre de terceros y esta semana se conoció el traslado de unos jefes “paras” que continúan delinquiendo y podrían ser extraditados.

—La mitad de los bienes declarados por Mancuso para reparar están a nombre de terceros ¿Cuál puede ser la salida a este tipo de problemas?

-Desgraciadamente, de acuerdo con la Ley de Justicia y Paz, los paramilitares pueden entregar bienes en cualquier etapa del proceso, antes de la sentencia de los jueces de Justicia y Paz. Desde nuestra perspectiva, el ideal habría sido que los jefes paramilitares tuvieran que entregar los bienes para acogerse a la ley. La Fiscalía tiene una lectura distinta y tenemos que esperar que todo el proceso se surta.

En el caso de la Comisión, ya va a salir el decreto que crea las comisiones regionales de restitución de bienes y esperamos tenerlas funcionando en los próximos meses, para que las víctimas puedan denunciar la pérdida de bienes y podamos acompañarlas en su devolución.

—¿La CNRR asume posición sobre la extradición de los jefes “paras” que sigan delinquiendo?

-Me parece muy importante que los jefes paramilitares que están en Itagüí (Antioquia) cumplan estrictamente con la Ley de Justicia y Paz. Uno de los requerimientos es no seguir delinquiendo. Si se comprueba que alguno sigue delinquiendo, debe perder los beneficios de la ley, y si está solicitado en extradición, debe ser extraditado. La Comisión respalda esa decisión.

“Sólo en Cartagena podían haber cerca de 70.000 personas en condición de desplazamiento y hay un problema grave de emergencia de bandas criminales”

Imprimir