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Foto: David Osorio-EL TIEMPO
Ana T. Bernal representa a organizaciones civiles en la CNRR.
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"Debemos pensar en un impuesto para reparar", dice Ana Teresa Bernal
"Recomendamos medidas de Estado y eso puede implicar en determinado momento fórmulas como un impuesto para la educación o una pensión para las víctimas", explica.
Un compromiso del Estado más allá de la buena intención de reparar a las víctimas, que se refleje en los planes nacionales, así como la necesidad de que la verdad que se está destapando con el proceso de Justicia y Paz trascienda las posiciones partidistas, son dos de las banderas de las organizaciones civiles a las que representa Ana Teresa Bernal en la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR).
Por eso, al responder preguntas sobre lo que ella espera en medio de este proceso, aclara que sus posturas no comprometen a la Comisión.
EL TIEMPO: ¿Cree que la gente está dispuesta a pagar ese impuesto?
Ana Teresa Bernal: En Colombia hay impuestos para el sistema financiero, para la guerra... ¿Por qué no pensar en este tipo de contribuciones para quienes han sido agredidos?
El ciudadano común piensa que no debe pagar por lo que hicieron los paramilitares...
El principio de la ley es que paguen los responsables de las acciones criminales, pero la ley es limitada. El hecho de que además exista una responsabilidad subsidiaria del Estado da para pensar en alternativas de reparación vía administrativa o en reparaciones colectivas.
¿Los jueces deben reparar con base en los criterios que la Comisión de Reparación sugirió?
No están obligados, pero llamamos a los jueces, con mucho respeto, a que atiendan las recomendaciones. Hay violencias que no se ven: violación sexual, daño sicológico y físico. De eso no se habla, pero merecen un castigo y una reparación.
¿La reparación ya comenzó?
Es el juez quien tiene que decir, de acuerdo con el daño cometido, qué tipo de reparación merece la persona. Este es un proceso de justicia individual y son 2.600 desmovilizados que se acogieron a Justicia y Paz. Eso llevará mucho tiempo.
¿Según lo que ha visto, cuál es la prioridad de las víctimas en reparación?
Lo primero que dicen es: queremos la verdad para que no se repita, de manera que ahí involucran dos elementos de la reparación, que son verdad y garantía de no repetición.
En Colombia la agresión fue contra los sectores más pobres y por lo tanto también esperan que haya algún tipo de indemnización o compensación.
¿Qué se está haciendo para garantizar la protección de las víctimas?
La Fiscalía trabaja en un sistema de protección que, a mi modo de ver, es muy apegado al sistema de protección de testigos, que lo que hace es esconderlos.
Es contradictorio esconder a las víctimas cuando les estamos diciendo que participen del proceso judicial.
¿La Fiscalía ha actuado eficientemente para protegerlas tras el asesinato de Yolanda Izquierdo?
Estamos muy lejos de un plan nacional de seguridad y de protección a las víctimas.
Si se permite que sigan emergiendo grupos que atentan contra la población, no estamos haciendo un proceso de justicia transicional.
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