Eduardo pizarro dice que no debe haber falsas expectativas con el tema de la reparación
-El presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), que será instalada mañana, dice que no tiene derecho a fracasar
Bogotá-. Dice que el asesinato de su hermano Carlos Pizarro Leongomez y los cinco tiros que recibió un día de 1999, cuando entraba a la que es como su segunda casa, la Universidad Nacional, lo hicieron entender que su vida tenía que ser para evitar que hubiera más víctimas.
Por eso -vuelve a decir- aceptó el desafío de presidir la CNRR que ordenó crear la Ley de Justicia y Paz para garantizar la participación de las víctimas en los procesos de esclarecimiento judicial y de reivindicación de sus derechos.
Eduardo Pizarro Leongómez insiste en este punto porque todavía algunos están sorprendidos con que él, autor de muchos documentos de izquierda, aceptara el ofrecimiento del presidente Álvaro Uribe, y con que desde hace algún tiempo deje ver nítidamente en sus columnas su simpatía por la política de seguridad democrática.
¿Será posible una verdadera reparación?
Estamos estudiando la totalidad de las experiencias internacionales, pero tenemos que construir un modelo de reparación a la colombiana que abarque las tres dimensiones que exige el derecho internacional de los derechos humanos: simbólica, judicial y económica.
¿Qué futuro le ve al Fondo de Reparación cuando los ‘paras’ se están moviendo para legalizar sus fortunas?
Los primeros que deben reparar son los victimarios, y estoy hablando de los paramilitares y guerrilleros porque vamos a convocar a las víctimas de los paramilitares y a las de la guerrilla.
En la Costa Atlántica se habla de que muchos títulos de propiedad rural han cambiado cuatro veces de dueño este año. Para enfrentar este hecho, se crearán Comisiones Regionales para la Restitución de Bienes, en las cuales las asociaciones de víctimas pueden denunciar la pérdida de sus propiedades. Ya sea porque bajo intimidación las obligaron a vender a otro precio, o ya sea porque a través de métodos fraudulentos expropiaron sus tierras, lo cual debe ser estudiado con seriedad por la Fiscalía.
Por otra parte, vamos a buscar recursos del presupuesto nacional y la cooperación internacional. Hay una propuesta del senador Rafael Pardo sobre el canje de deuda pública por recursos para el Fondo de Reparación, experiencia que ya fue utilizada con éxito en Perú.
¿Ya tiene una idea sobre lo que puede ser la reparación en Colombia?
Tengo ideas, pero la Comisión se posesiona el martes (4 de octubre) y me parece irrespetuoso tratar de imponerlas.
Pero usted es el presidente de la Comisión...
Lo que yo diga va a estar condicionado a la decisión por consenso de la CNRR, pero creo que los paramilitares están obligados a hacer gestos creíbles hacia las comunidades nacional e internacional. Uno de esos gestos es reparar las víctimas. Si se niegan a devolver los bienes expropiados ilegalmente o se niegan a aportar recursos para el Fondo de Reparación, el proceso puede perder credibilidad.
Eso es lo que dice la Ley, ¿pero cuáles son las ideas que usted va a llevar a la Comisión?
Una modalidad de reparación simbólica que podemos impulsar es la creación de una comisión de reconstrucción histórica del fenómeno paramilitar, que produzca en los próximos seis meses o un año un informe sobre este fenómeno y cómo evitar que se repita. Un informe que circule ampliamente y mediante el cual las víctimas sientan que hay una condena moral.
Y en términos económicos, ¿cuál sería la reparación a un desplazado?
Tenemos que delimitar el universo de las víctimas. Esa es una decisión muy compleja y no sé si la Comisión va a incorporar a los desplazados porque hay muchos desplazados del campo por razones distintas a la violencia. Habrá desplazados que van a ser considerados como víctimas y, por tanto, objeto de la CNRR, mientras que otros deberán ser atendidos por la Red de Solidaridad.
¿Cuál sería la reparación?
En el caso de África, en medio de la escasez, los recursos para la reparación comenzaron a competir con los de la sociedad para la lucha contra el sida, a favor de la educación, etc. Se comenzó a mirar a las víctimas como una población privilegiada que absorbía los escasos recursos. Tenemos que hacer una enorme labor de pedagogía para que se entienda la necesidad de reparación y de un fondo que no compita con la necesidad de otros recursos, para evitar lo ocurrido en África.
¿Van a terminar pagando los que pagan impuestos el daño hecho por los ‘paras’?
Deben ser los victimarios, en primer término, los que reparen a las víctimas, y hay que hacer un enorme esfuerzo para que esto sea así. Pero muy probablemente, dadas las dimensiones del conflicto colombiano, se van a requerir recursos del presupuesto y de la comunidad internacional.
No se pueden generar falsas expectativas. No se puede pensar que va a habar recursos excepcionalmente altos para reparar a víctimas de un conflicto tan prolongado, pero vamos a hacer esfuerzos para que haya recursos de esas tres fuentes para reparar a un número importante. Muy probablemente el modelo argentino, de 120 mil dólares por cada familia víctima de la dictadura sea irreal para las familias colombianas. Pero muy probablemente el modelo chileno, de buscar que los hijos de las víctimas puedan ingresar a formación técnica en el Sena, a los colegios públicos, al Sisbén, que las viudas y viudos puedan tener una pensión, sea más creíble de acuerdo con los recursos que dispongamos.
Es una reflexión compleja que va a abrir un gran debate.
¿Es muy probable que el poco de reparación sea con recursos del presupuesto y que los ‘ paras’ se queden con sus bienes intactos?
Ese es un escenario absolutamente indeseable. Los paramilitares y la guerrilla deben alimentar el Fondo de Reparación con bienes adquiridos durante el conflicto. Por eso queremos iniciar nuestra labor en La Gabarra, entregando haciendas que los paramilitares del Bloque Catatumbo devolvieron, pero nos hemos encontrado con una enorme confusión en los títulos de propiedad. Primero tenemos que clarificarlos para que esa devolución sea válida. Por otra parte nos toca garantizar la seguridad de las víctimas.
¿Es un gran desafío para usted?
La inmensa mayoría de las comisiones similares en el mundo han fracasado. Nosotros no tenemos derecho al fracaso, pero el desafío es gigantesco porque el número de víctimas del conflicto colombiano es superior al de otras experiencias similares. En Chile fueron alrededor de 2.000. En Perú, 75.000. En Argentina, alrededor de 20.000.
Un mandato para la Comisión es verificar el desmantelamiento de las organizaciones armadas...
La Comisión debe lograr que la misión de la OEA se fortalezca. Muchas ONG han buscado bloquear los fondos de cooperación de la Unión Europea o de América Latina para la misión, pero al mismo tiempo le exige que cumpla su tarea con un número tan escaso de miembros. Tenemos que lograr que la OEA pase de 20 a 400 ó 500 funcionarios para que haya una verificación real
Críticos de la Ley de Justicia y Paz dicen que favorece a los victimarios. ¿Qué piensa usted que tiene la misión de reivindicar a las víctimas?
Si fracasamos van a tener razón. Nuestro compromiso es no fracasar. Las comisiones de reparación en otros países tenían un solo desafío: mirar las víctimas de ayer. Nosotros tenemos que pensar en las de ayer, pero, así mismo debemos impedir que haya más víctimas mañana. El llamado a las asociaciones de víctimas es que creen una barrera ética para impedir que haya nuevas víctimas.
Muchos no entienden que usted, que preparó documentos para la izquierda, esté al servicio de un gobierno calificado como de derecha...
No estoy al servicio del Gobierno. La CNRR tiene una vigencia de ocho años y, por tanto, sus funciones van más allá de este mandato. Tras el asesinato de mi hermano Carlos, cometido por los paramilitares como reconoció el propio Carlos Castaño, y el atentado que tuve a las puertas de la Nacional, me sentí comprometido a luchar a favor de las víctimas. No es justo que haya nuevos huérfanos, nuevas viudas y cuando el Gobierno me ofreció luchar a favor de las víctimas yo simplemente no pude decir que no.
¿Y para eso era necesario vincularse como agente del Gobierno?
Yo fui nombrado por el Gobierno, pero se trata de una Comisión muy equilibrada en términos ideológicos, regionales y de género con la participación Patricia Buriticá, Ana Teresa Bernal, el padre Nel Beltrán y el abogado Jaime Jaramillo. No es una comisión de uribistas ni mucho menos. Refleja en su complejidad a Colombia.
¿Cuánto se ha alejado de sus amigos de la izquierda?
No me he alejado de mis amigos de la izquierda. Sigo teniendo una enorme sensibilidad social, pero me parece que el presidente Uribe tiene aspectos positivos que he apoyado, y al mismo tiempo he sido crítico de otros. En mis columnas de prensa me opuse a no reconocer en Colombia la existencia de conflicto armado interno. He mantenido mis distancias críticas.
¿Es tan uribista como dicen que se volvió?
En este momento soy el representante de todas las víctimas del conflicto y eso no tiene color político.
¿Es militante o simpatizante del uribismo?
Soy un académico que ha reflexionado sobre el conflicto armado, que ha publicado unos artículos mostrando su adhesión a la política de seguridad democrática, pero no hago parte de ninguno de los partidos uribistas. No soy miembro de ninguna organización de carácter político y mantengo mi total autonomía como académico.
¿Cree que la opción militar que eligió el Gobierno para las Farc es la que las va a derrotar?
No creo que sea conveniente la derrota militar de las Farc o del Eln. Creo a pie juntillas en la necesidad de una salida política para el conflicto armado interno y creo que más temprano que tarde vamos a negociar con el Eln y las Farc. En Colombia el conflicto no va a terminar con una derrota de los grupos insurgentes. Va a terminar con una mesa de negociación.
