Colombia, condenada a negociar o a vivir en guerra, según experto

Diciembre 5-2006
AGENCIA EFE

Paola Ugaz 

Lima, 5 dic (EFE).- El jefe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación de Colombia, Eduardo Pizarro, afirmó hoy que su país tiene que afrontar el "dilema dramático" de negociar con los grupos armados o estár condenada a una "guerra perpetua" hasta que se les derrote "militarmente". 

Pizarro señaló, en entrevista con Efe, que el organismo que dirige, que ha cumplido un año, "es la única en el mundo que funciona cuando el conflicto aún no ha terminado", a diferencia de lo que ha sucedido en Sudáfrica, Chile, Perú, Argentina o Uruguay. 

El funcionario refirió que el panorama que afrontará su país en los próximos años pasará por el debate sobre la ley de amnistía que han solicitado las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) "para reinsertarse a la vida civil". 

Añadió, sin embargo, que este pedido "contradice los parámetros legales de la Corte Penal Internacional (CPI)", que declara que los delitos de lesa humanidad no prescriben. 

Pizarro comentó que Chile pudo comenzar la transición política cuando el general Augusto Pinochet (1973-1990) dejó la jefatura del Estado, pero la actual existencia de la CPI hace inviables "las leyes de amnistía para crímenes de lesa humanidad". 

Añadió que en Uganda la CPI condenó a cinco jefes militares que ordenaron secuestrar a 20.000 niñas para volverlas esclavas sexuales de la tropa en el norte de ese país y que habían sido exculpados por el presidente de la nación africana.

"El presidente de Uganda accedió a la ley de amnistía porque considero que la paz era superior a la justicia", acotó.

"Los países que quieren entrar hoy a la paz aplicando la justicia se ven con cuellos de botellas dramáticos. ¿Cómo lograr la paz aplicando la justicia?, es el dilema que enfrenta Colombia y los países que no lograron la paz en los años ochenta y noventa", remarcó.

Pizarro explicó que a esa situación de su país, cuyo conflicto se remonta a fines de los años cuarenta, se agrega la ley estatal de "justicia y paz", que permitió la desmovilización de más de 31.000 miembros de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Advirtió que "una conducta menos estricta" con las FARC y el ELN puede causar que, de acuerdo con el derecho internacional, se termine por premiar a los paramilitares, a quienes "nadie quiere ver libres porque cometieron masacres atroces".

Sobre los presuntos nexos entre los paramilitares con miembros del gobierno y autoridades regionales, dijo que las futuras pesquisas "golpearán" al Parlamento, a las autoridades judiciales, a los alcaldes, gobernadores regionales y a oficiales de las Fuerzas Armadas.

Pizarro se congratuló de la "profunda renovación de las elites regionales" de su país que, según dijo, han "dejado atrás a los que apoyaron a los grupos de extrema derecha".

Esto impedirá que "se reciclen los grupos criminales que impidan a las víctimas acceder a la justicia, la verdad y la reparación", enfatizó. EFE.

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