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Eduardo Pizarro
“Hay 25 bandas emergentes de paramilitares en el país”
Colprensa, Bogotá.
Para Eduardo Pizarro, presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, las víctimas de los ‘paras’ tienen miedo porque aún se sienten en medio del conflicto armado.
Colprensa I El Pais
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Eduardo Pizarro Leongómez asegura que las situaciones más críticas se viven en el norte del Valle, Sucre y sur de Nariño, entre otras zonas
Algunos de los nuevos grupos criminales fueron organizados por mandos medios de las AUC que no se desarmaron, según Jefe de la Comisión de Reparación. Por lo menos tres mil hombres integran estas organizaciones, de las cuales 700 son desmovilizados reciclados, dice Pizarro.
A Eduardo Pizarro Leongómez, presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Cnrr), le preocupa mucho la aparición de 25 nuevos grupos criminales donde antes dominaba el paramilitarismo.
La razón es muy sencilla. Según él, si el Gobierno no los combate, podrían sumir a Colombia en un postconflicto tan sangriento como el de Centroamérica.
Este especialista, sobre quien ahora recae la responsabilidad de garantizarle a las víctimas que tendrán verdad, justicia y reparación, opina que se perdieron dos años valiosos en los que se desmovilizaron los combatientes de base y los comandantes, pero se descuidaron los mandos medios. Para Pizarro, ellos son los más peligrosos, toda vez que saben cómo formar un nuevo grupo y financiarlo.
Además, resalta que en el departamento de Sucre y la ciudad de Bucaramanga la situación es complicada, pues se han presentado intimidaciones a las víctimas y asesinatos. Tanto así, que dentro de los propios grupos emergentes se estarían matando para evitar que alguien se decida a hablar para someterse a la Ley de Justicia y Paz.
En entrevista con Colprensa, el Presidente de la Comisión profundiza sobre esta amenaza que, aunque creciente, aún se puede detener. En su concepto, la decisión de encarcelar a tres congresistas por supuestos vínculos con paramilitares es un gran paso para lograrlo.
La semana anterior, el presidente Álvaro Uribe ordenó desmantelar las llamadas bandas emergentes que han reemplazado a los paramilitares. ¿Qué sabe la Comisión sobre ese fenómeno?
Han surgido alrededor de 25 grupos emergentes, compuestos por tres mil hombres, de los cuales unos 700 son desmovilizados reciclados en la criminalidad. Fundamentalmente, su objetivo no es contrainsurgente sino el tráfico de drogas, la protección de cultivos ilícitos y la extorsión.
¿En qué lugares hay mayor presencia de estos grupos?
Hay zonas muy preocupantes como el norte del Valle, Sucre, el Catatumbo, Norte de Santander y el sur de Nariño.
¿Quiénes los lideran?
Hay tendencias diversas. Por ejemplo, en el norte del Valle son los mismos grupos sicariales de los jefes del cartel (Wílber Varela y Diego Montoya), pero que le pusieron nombres más pomposos a sus organizaciones criminales. Antes eran ‘Los Rastrojos’ y ahora se hacen llamar las Autodefensas Campesinas del Norte del Valle, para intentar darle connotación política a simples grupos criminales.
En otras partes del país, desmovilizados de las AUC han reorganizado grupos criminales para seguir delinquiendo, como es el caso de Bucaramanga, donde los desmovilizados expulsaron y asesinaron a los jefes de las bandas del norte de la ciudad, que ahora sufre un auge criminal sin antecedentes.
¿Qué función cumplían antes esos desmovilizados en las AUC?
Si bien no se puede generalizar, hay un porcentaje muy importante de mandos medios en esos grupos criminales. Ellos son los que saben organizar un grupo criminal, conseguir las armas y los recursos. Lo preocupante es que los ‘peces pequeños’ se integran a grupos criminales, pero los mandos medios los organizan.
¿Por qué la reincidencia de esos mandos medios?
Por un vacío en la política estatal. Hubo mucha preocupación por reinsertar a los combatientes de base e incorporar a Justicia y Paz a los peces gordos. Pero los mandos medios no iban a aceptar un salario mínimo o un curso de cocina.
Aunque la oficina del Alto Comisionado para la Reinserción trabaja en el diseño de una política para mejorarles las condiciones, ya perdimos casi dos años que ahora estamos pagando.
El dato clave
La Cnrr ha realizado cuatro audiencias con las víctimas de los ‘paras’ en Medellín, Barranquilla, Sincelejo y Bucaramanga. La Comisión planea tener nueve oficinas en el país y en enero comenzará las reparaciones colectivas. |
¿Cómo detener este auge de grupos criminales?
Se debe trabajar en dos planos: reforzar la inserción exitosa de los desmovilizados y copar los territorios dejados por las AUC para combatir sin titubeos estos grupos, porque si se salen de madre, Colombia tendrá un postconflicto doloroso como el de Salvador y Guatemala, donde han muerto más personas que durante la guerra civil.
El alto comisionado Luis Carlos Restrepo dice que los jefes paramilitares sienten miedo de que estos nuevos hombres los maten...
La situación verdaderamente difícil es que existen evidencias en muchas regiones de asesinatos entre estos mismos grupos con el objeto de evitar que colaboren con las autoridades ante la proximidad del inicio de las versiones libres de la Ley de Justicia y Paz.
El caso de los tres congresistas.
¿Qué consecuencias puede traer la decisión de la Corte Suprema de Justicia de asegurar a tres congresistas por supuestos vínculos con los paramilitares?
Me parece extraordinariamente positivo que no sólo desmontemos los grupos paramilitares, sino sus aparatos políticos, porque si se mantienen vivas esas estructuras, los grupos armados se pueden reproducir en el futuro.
Usted decía que Sucre, de donde son los tres legisladores, vive una situación complicada de seguridad...
Es uno de los departamentos más martirizados, donde existe uno de los más altos índices de desaparición forzada. Igualmente, los grupos criminales quieren impedir que las víctimas tengan acceso a la justicia.
Las autoridades deben actuar con rapidez para evitar que se cometan tropelías contra las víctimas.
¿Qué puede hacer la Comisión para garantizar la seguridad de las víctimas?
Hemos hecho reuniones con el Ministerio del Interior y la Fiscalía para desarrollar un esquema de seguridad en las regiones, pero en casos muy sensibles como el de Sucre hemos buscado el acompañamiento de la comunidad internacional. Naciones Unidas se ha reunido con muchas personas amenazadas.
¿Pero lo sucedido con los congresistas podría mejorar las cosas?
Después de la decisión contra los tres parlamentarios de Sucre será más difícil que un líder político busque apoyarse en grupos armados de carácter privado en las regiones. El impacto depurador de las costumbres políticas será similar al que sucedió con el Proceso 8.000.
¿Es decir que sí estamos ante el nuevo 8.000, como lo llamó el procurador Edgardo Maya Villazón?
Los dos procesos se parecen en términos de mensaje, porque después del 8.000, por lo menos en las campañas presidenciales, se evitó radicalmente la entrada de recursos del narcotráfico.
¿Cree que vendrán más destapes?
Lo que acaba de ocurrir en Sucre es un mensaje de voluntad de la justicia para evitar que en Colombia haya impunidad. También es un llamado a las élites locales, que no pueden seguir coadyuvando la creación de organizaciones armadas ilegales.
En sus palabras
En el norte del Valle son los mismos grupos sicariales de los jefes del cartel, pero con nombres más pomposos.
Hay evidencias en varias regiones de asesinatos entre los mismos grupos para evitar que hablen con la justicia.
Con la captura de los legisladores de Sucre será más difícil que un líder político busque apoyarse en grupos armados.
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