(tomado del Periódico AHORA)
EDUARDO PIZARRO: Coordinador de la Comisión de Reconciliación
El reconocido intelectual, Eduardo Pizarro, profesor de la Universidad Nacional y miembro del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la misma Universidad, quien sobrevivió a un atentado contra su vida, fue nombrado por el Gobierno como Coordinador de la Comisión de
Reparación y Reconciliación.
¿Qué lo motivó a usted, un intelectual con pasado de izquierda, a aceptar la coordinación de la Comisión de Reparación y Reconciliación?
El Presidente Uribe con Eduardo Pizarro en la instalación de la Comisión de Reparación y conciliación.
Ante todo, mi conocimiento del impacto de la violencia tanto en el plano intelectual - como un especialista reconocido en el tema -, como en el plano personal. Quienes hemos sufrido la violencia en carne propia y, en mi caso no se trata de un eufemismo, no queremos que nadie más pase por una experiencia similar. Las generaciones futuras merecen vivir sin el miedo y el terror que ha acompañado a las últimas generaciones de colombianos.
Su hermano Carlos Pizarro, quien fuera jefe del M- 19 y candidato presidencial después de que se reinsertara, fue asesinado por los paramilitares según la propia confesión de Carlos Castaño. ¿No tiene usted algún resentimiento contra los paramilitares por haber asesinado a su hermano?
Quienes viven envenenados de odio y resentimiento están condenados a la total infelicidad. La prensa publicó hace algunos años la historia de dos señores ya adultos que asesinaron en una tienda en Manizales, tras una búsqueda de cincuenta años, a un anciano que había asesinado a su padre. ¿Quién fue más infeliz: el anciano con su mala conciencia a cuestas o sus asesinos cargando por décadas un amargo deseo de venganza? Yo exijo, como creo que exigen todas las víctimas, que haya verdad, justicia y reparación. Pero, a su turno, estoy abierto al perdón.
Conocida la aceptación de Ana Teresa Bernal y Patricia Buriticá, dos mujeres de izquierda reconocidas como defensoras de derechos humanos quienes se unirán a Monseñor Nel Beltrán, Jaime Jaramillo y a usted en la Comisión, ¿Qué pude esperar el país de un grupo con opiniones tan diversas?
La diversidad de la CNRR es un reflejo de la diversidad misma del país. En la Comisión buscamos que hubiese un equilibrio regional, político y de género. Esta diversidad es una garantía de que habrá una comprensión amplia de lo que está ocurriendo en Colombia y, a su turno, será igualmente una garantía de que habrá políticas no excluyentes. Todas las victimas del conflicto armado, tanto de la guerrilla como de los paramilitares, serán objeto de nuestra atención.
Es evidente que existe en el país un total rechazo por los violentos, llámense estos paramilitares o guerrilleros. ¿Qué tanto cree usted en que unos y otros tengan verdadera voluntad política de dejar las armas y reintegrarse a la vida democrática?
En el mes de diciembre de 2005 se espera que el cronograma de desmovilización de los grupos paramilitares se haya cumplido a cabalidad. Con respecto a los grupos guerrilleros, sus espacios tanto internos como internacionales, se están estrechando de manera dramática: ya no gozan de ninguna legitimidad en el plano nacional y han perdido la imagen de "Robin Hood" en el plano internacional. Día a día, no les va quedando otra opción que la firma de un acuerdo de paz. Más temprano que tarde, unos y otros estarán en la mesa de negociación.
Algunos analistas aseguran que la Ley de Justicia y Paz es solo para los grupos paramilitares, ¿Usted cree posible que los grupos guerrilleros o sectores de estos se acojan a esta Ley?
La Ley de Justicia y Paz, al menos en sus lineamientos generales, es tanto para los grupos paramilitares como para los grupos guerrilleros. Es ilusorio pensar que las víctimas de los paramilitares merecen verdad, justicia y reparación, mientras que las víctimas de la guerrilla constituyen una suerte de "víctimas de segunda clase", sin derecho a exigir un tratamiento similar.
¿Qué tanto cree usted que la sociedad colombiana y las propias familias de las victimas estén dispuestas a perdonar y olvidar los crímenes cometidos por paramilitares y guerrilleros?
La experiencia de América Latina demuestra una capacidad sorprendente de reconciliación. En Chile, en Argentina o en Uruguay, a pesar de los excesos cometidos por las dictaduras militares y, en algunos casos, por sus opositores armados (tales como, los Montoneros o los Tupamaros), la izquierda ha llegado al poder sin que se haya producido una ruptura nacional. Sin duda, muchas heridas siguen abiertas y muchas asociaciones de víctimas continúan luchando contra la impunidad o el olvido.
Pero en ninguna de las tres naciones del Cono Sur se ha desatado una ola de venganzas interminables. En Colombia podemos lograr una situación similar si logramos alcanzar unos estándares de verdad, justicia y reparación aceptables para las víctimas y, ante todo, si logramos alcanzar la paz y brindarle a los colombianos lo que no han tenido en las últimas cinco décadas: seguridad.
Existe consenso que algo de impunidad debe haber en estos procesos, pero nadie se pone de acuerdo en cual es la dosis aceptable. ¿La Comisión hará recomendaciones en ese sentido?
La CNRR no tiene funciones judiciales y, por tanto, no le corresponde fijar los montos de las sentencias. Esta función le corresponde al aparato judicial. Sin embargo, la CNRR tiene la obligación de crear una conciencia en Colombia en torno a la necesidad de aplicar unos estándares mínimos, tanto en el plano de la justicia como de la verdad y la reparación, que sean aceptables tanto por la comunidad nacional como por la comunidad internacional. Nuestra convicción es que estos estándares se encuentran adecuadamente reflejados en la Ley de Justicia y Paz. Pero, la Ley no puede ser una ley de papel. Los responsables de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad deben responder por sus acciones.
Algunas personas especulan sobre los estándares internacionales que deben cumplir estos procesos en materia de Derecho Internacional Humanitario. ¿Cómo se miden esos estándares en un conflicto como el colombiano, donde un grupo minoritario armado agrede a un Estado donde sus gobiernos son elegidos democráticamente?
Sin duda, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Penal Internacional hablan de la necesidad de que haya niveles de verdad, justicia y reparación adecuados tras la finalización de los conflictos armados. Sin embargo, no existe propiamente un código universal que defina los montos de verdad, justicia y reparación que se deben aplicar en cada caso.
Estos montos los debe fijar cada nación de acuerdo con sus necesidades internas, respetando los lineamientos generales existentes en los acuerdos internacionales en torno a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
En el caso de Colombia, tras unos de los debates más amplios que ha habido en el mundo para la aplicación de una ley similar - pues, en general, las leyes similares en otras naciones fueron dictadas por el poder ejecutivo luego de una consulta limitada-, hemos encontrado en la Ley de Justicia y Paz el punto de equilibrio que nos permite a la vez que no haya impunidad (como hubo en Chile, Argentina, Uruguay, El Salvador o Guatemala) y que podamos alcanzar la paz.
