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Ana Tereza Bernal hace parte de la Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación (CNRR), entidad creada en el marco de la Ley de Justicia y Paz y que en el proceso de desmovilización de los paramilitares empieza a jugar un papel fundamental en la protección de los derechos de las víctimas.
Al tiempo que la Fiscalía llama a las víctimas a denunciar, la CNRR anuncia la realización de una consulta social, a partir de los próximos 20 y 21 de octubre, para concertar la forma de atender a las víctimas y permitirles su debida participación en el proceso de Justicia y Paz. El primer escenario es Sincelejo.
El Universal dialogó con Bernal, quien se reunió en esta ciudad con un grupo de víctimas de los paramilitares, a quienes les explicó los conceptos y la mecánica del proceso de reparación.
¿De qué se trata la Consulta Social?
— La CNRR definió las funciones que tiene en los temas de verdad, justicia, reparación, atención a las víctimas y bienes. Quiere poner esto en consulta con las instituciones, la sociedad y las víctimas, en todo el territorio, para que nos alimenten y digan qué piensan y cómo conciben el proceso. Empezamos a construir una red de atención a víctimas de la violencia.
¿Las víctimas qué papel deben jugar para no quedar a un lado en el proceso?
— Estamos en el momento en que pueden presentar sus denuncias sobre los hechos ocurridos. No necesitan abogados, pueden ir directamente a la oficina de la CNRR, de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, Procuraduría, y poner sus denuncias. Si el magistrado recibe el caso, seguramente serán llamadas al incidente de reparación y se determinará qué significaría una reparación en el caso individual.
Hay poblaciones que han sufrido colectivamente masacres, destrucción y desplazamientos. Vamos a trabajar la posibilidad de reparaciones colectivas con casos extremos. Esto tiene que ser gradual, por recursos, por capacidad.
¿Las prioridades?
— Unas prioridades que ya están definidas por la comisión: mujeres cabeza de familia, niños, ancianos, discapacitados, poblaciones indígenas y afrocolombianas o en situaciones de pobreza extrema. Debe concertarse la forma de hacer una atención integral y gradual a este tipo de población.
Hay inquietud por la distancia de los despachos de la Fiscalía donde las víctimas deben ir a denunciar...
— Sabemos que es un problema y que hay que buscar una alternativa, pero en este momento no tengo claridad sobre cómo lo resolveremos. Son tantos los casos que es difícil que muchos puedan desplazarse al lugar a denunciar.
En municipios donde fueron afectadas muchas personas, es más fácil si se logran agrupar para llenar la información. Estoy visitando víctimas directamente y recogiendo información, llenando las fichas que hay que llenar para presentar la denuncia.
¿Cuál puede ser la indicación más útil para las víctimas?
— Abrazarse a personerías, procuradurías, defensorías. La página web de la CNRR está informando. La Fiscalía también tiene una página.
Con los personeros, procuradores y defensores debemos ponernos de acuerdo en el papel de algunas de las instituciones. Hasta ahora esto está arrancando y sabemos que hay confusión pero tenemos que ayudar a clarificar.
El edicto habla de testimonios por actos de tres jefes ‘paras’ desmovilizados ¿Se pueden llevar denuncias contra otros?
— En este momento esa es la prioridad, pero las víctimas pueden denunciar cualquier caso de la violencia desatada y generada por estos grupos al margen de la ley, que hoy se encuentran en proceso de desmovilización.
Hay desmovilizados de la guerrilla que se acogieron al proceso. En la página de la CNRR está el listado de estas personas con fotografías y esa información también contribuye al proceso.
Sigue el fantasma del poder paramilitar en muchas zonas ¿Cómo garantizar seguridad?
— Eso es un tema complicadísimo. Hay lugares donde la gente no habla, tiene miedo. En otros a pesar del miedo la gente empieza a hablar y hay que ponerle mucho cuidado a que las instituciones y organismos del Estado hagan un esfuerzo grande para que no se repitan los hechos terribles, macabros, que sucedieron en regiones como Sucre, Córdoba y Bolívar.
¿Sería más fácil obtener testimonios si se realiza la Consulta Social antes de llegar a esta etapa de Justicia y Paz?
— Sí, las cosas han sucedido muy rápido. Algunas muy rápido y otras muy despacio. El país no estaba preparado para una desmovilización de más de 30.000 miembros de los paramilitares y 11.000 de la guerrilla.
En eso hay precariedad, pero siento que las instituciones están haciendo el esfuerzo de organizarse para atender a las víctimas y los casos. Es deber de todos contribuir. Ojalá los medios ayuden a informar
