No se sabe dónde están bienes de los ‘paras’
Febrero 3-2007
EL PAIS
Estudios de la Contraloría revelan que paramilitares y narcotraficantes tienen en su poder al menos cuatro millones de hectáreas. Mientras los jueces de Justicia y Paz no emitan un fallo definitivo, será imposible hacer el decomiso de tierras que pidió el presidente Uribe.
Salvo escasas referencias que han quedado plasmadas en estudios de académicos y analistas, y una que otra denuncia periodística, hasta el momento no existe ningún estudio serio que permita establecer, al menos de manera aproximada, los bienes ilícitos en poder de las desmovilizadas autodefensas.
Eso explica la preocupación del presidente Álvaro Uribe, quien pidió el pasado jueves, a raíz del asesinato de la vocera de las familias víctimas de las autodefensas en Córdoba, Yolanda Izquierdo, que sean confiscadas las propiedades que ilegalmente adquirieron los paramilitares.
Y es que como están las cosas, es incierto de dónde saldrán los recursos para la reparación de los afectados por el accionar paramilitar en sus zonas de influencia.
De acuerdo con Eduardo Pizarro León-Gómez, director de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Cnrr, “hasta el momento (los paramilitares desmovilizados) no han entregado ningún bien”.
“Probablemente --dijo-- los recursos que entreguen los miembros de las autodefensas sean insuficientes, y esto va a exigir un esfuerzo del Presupuesto Nacional. Es decir, que todos los colombianos aportemos a la reparación”.
La Ley de Justicia y Paz establece que los bienes que entreguen los paramilitares desmovilizados con fines de reparación pasarán a manos del Fondo Nacional para la Reparación, entidad creada por la norma y adscrita a la Red de Solidaridad Social.
Pero a este fondo tampoco ha llegado ningún bien de los ex jefes ‘paras’, a pesar de que muchos de ellos ya han acudido a las audiencias públicas.
Más que tierras. Según estudios de la Contraloría General de la República, paramilitares y narcotraficantes tienen en su poder al menos cuatro millones de hectáreas de las tierras más fértiles del país.
Y aunque nadie sabe dónde están, a quién pertenecen ni cuántas son de las autodefensas, sus líderes desmovilizados han dicho que van a “devolver cien mil hectáreas”.
En Antioquia, por ejemplo, es sabido que Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, maneja todo el transporte de Envigado y buena parte de Medellín; y que ex jefes como Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, habrían infiltrado equipos de fútbol de la segunda y tercera división.
Por ello la Fiscalía investiga a varios ex futbolistas y ordenó hace pocas semanas la captura del ex presidente del Club Deportivo Pereira, Ramón Ríos, investigado por el delito de lavado de activos.
En agosto del año pasado, las Farc quemaron 86 carros cisterna en Paraguachón, en el departamento de La Guajira, porque supuestamente las trece cooperativas que comercializan combustible venezolano pertenecen a los paramilitares.
De alias ‘Jorge 40’ también se conoce que ha infiltrado le economía formal e informal de los departamentos de la Costa donde tenía presencia, especialmente los recursos de alcaldías y gobernaciones, pero nadie conoce con exactitud cuáles son sus bienes.
De Salvatore Mancuso, que en alguna ocasión se declaró en bancarrota, son conocidos sus vínculos con el narcotráfico. Recientemente su nombre apareció al lado del empresario italiano Giorgio Sale, capturado por narcotráfico.
Y de Francisco Javier Zuluaga, alias ‘Gordo lindo’, se conoce que las autoridades le han allanado más de un centenar de propiedades en Cundinamarca, Antioquia, Quindío y Valle.
El analista Alfredo Rangel considera que si bien es un “triunfo político” la desmovilización de 30.00 ex combatientes, la reparación a las víctimas es un “un gesto simbólico. Los paramilitares sólo van a devolver los bienes cuyo origen ilícito les demuestre el Estado”.
Pero aunque el presidente Uribe ordenó a las autoridades confiscar todos los bienes de los ex jefes ‘paras’, jurídicamente eso será imposible mientras los jueces de Justicia y Paz no emitan un fallo definitivo.
Por eso, desde antes de promulgarse la Ley de Justicia y Paz, los expertos habían advertido de la necesidad de reformarla para evitar que los bienes de las antiguas autodefensas destinadas a la reparación terminen a nombre de sus testaferros.
Protección a víctimas de las AUC
Las víctimas de los grupos paramilitares contarán con protección especial del Estado.
A raíz del asesinato de la vocera de las víctimas de Córdoba, Yolanda Izquierdo, el Gobierno Nacional le ordenó a la Policía proteger a los líderes de las organizaciones de víctimas de la violencia paramilitar que intervienen en las audiencias contra los ex jefes ‘paras’, sin necesidad de solicitud previa.
Así lo confirmó el ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, quien reconoció que Yolanda Izquierdo pidió protección, “pero por alguna razón burocrática esa petición no se conoció a tiempo”.
“Era una líder que representaba a más de 800 víctimas y a muchos desplazados”, señaló Holguín Sardi, quien reitero que el Gobierno ofrece hasta $50 millones a quienes suministren información sobre los asesinos de la representante de las víctimas en Córdoba.
No obstante, la Fiscalía General reconoció que no cuenta con los recursos suficientes para implementar un programa de protección a víctimas y testigos.
El crimen contra yolanda izquierdo
Antes del sepelio de Yolanda Izquierdo, varios testigos acusaron a sor Teresa Gómez, representante de la Fundación para la Paz de Córdoba, creada por los Castaño Gil, como responsable del crimen.
De acuerdo con los testigos, sor Teresa Gómez es la propietaria de una de las fincas que parceló Fidel Castaño en 1990 para favorecer a más de dos mil campesinos, y que los paramilitares han intentado a toda costa recuperar.
Las versiones indican que desde finales de los 90 empezaron a presionar a los beneficiarios para que vendieran la tierra, y fue Yolanda Izquierdo una de las personas que más insistió para no desprenderse de sus tierras.
Ya sor Teresa había intentado obligar a los campesinos a que firmaran las escrituras de venta y que callaran la presión de la que estaban siendo víctimas.
Al parecer, fue a partir de allí que empezaron a hacerse más fuertes las amenazas contra Izquierdo. Intimidaciones que denunció ante la Procuraduría y la Fiscalía el pasado 29 de diciembre sin que fueran escuchadas.
Tres datos claves
1. La Comisión de Derechos Humanos, Cidh, había hecho un llamado al Estado colombiano a esclarecer el crimen de Yolanda Izquierdo y a adoptar medidas urgentes para proteger a las víctimas del conflicto.
2. Fuentes de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación indicaron ayer que en los próximos días presentarán los parámetros de la reparación en Colombia.
3. El Procurador Edgardo Maya le pidió a la Defensoría del Pueblo priorizar el diseño de un esquema de atención a las víctimas que comparecen en el proceso de Justicia y Paz en todo el país.
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