“NO QUEREMOS que los procesos de reparación a las víctimas del conflicto armado tarden tanto como en otros países de América Latina, en los cuales hasta hace pocos años reinó la impunidad total en cuanto a crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos”.

Así lo manifestó Eduardo Pizarro León Gómez, presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Cnrr), quien, así mismo, indicó que debido a que Colombia es el país en Latinoamérica con mayor número de presos por violaciones a los derechos humanos, el actual proceso de paz con los grupos paramilitares debe incluir, en su marco de reparación, una atención inmediata y efectiva para las víctimas de estos crímenes.

Las afirmaciones las realizó ayer en la presentación del documento Recomendación de criterios de reparación y de proporcionalidad restaurativa, en el cual la Cnrr hace referencia a la “necesidad de concebir las reparaciones como parte de un proceso de justicia transicional que, a diferencia de los procesos ordinarios, incluye, además del esclarecimiento de la verdad y la aplicación de la justicia a quienes hayan perpetrado crímenes de guerra o de lesa humanidad, la reconstrucción de la memoria histórica y las reformas institucionales necesarias para evitar que estos dolorosos hechos se repitan en el futuro”.

“Lo que proponemos desde la Comisión es un proyecto gradual, de acuerdo al patrón de afectación de las víctimas. Buscamos acceso a la justicia de las mismas, identificación de los daños sufridos, pruebas de veracidad de dichos daños y criterios sustanciales al vínculo entre daños sufridos y medidas de reparación”, sostuvo Pizarro.

A su turno, Carlos Holguín Sardi, ministro del Interior, quien estuvo presente durante el evento, indicó que “las sugerencias realizadas por la Comisión son esenciales para el cumplimiento, desarrollo y atención de las víctimas en el marco de la ley de Justicia y Paz. Son resultado del consenso del reciente debate que ha surgido por la pronta reparación de los afectados por la violencia paramilitar que azotó por tantos años al país”.

Igualmente, la Cnrr afirma estar trabajando en la preparación de las recomendaciones que, de acuerdo a la ley 975 de 2005, debe presentar el Gobierno para que pueda implementar el Programa Institucional de Reparación Colectiva “en el que se pretende incluir acciones orientadas a recuperar la institucionalidad propia del Estado de derecho en las zonas más afectadas”.

Entre tanto, Edgardo Maya, procurador general, afirmó al respecto que “los proyectos de reparación deben estar apegados a la Constitución, con leyes dinámicas. Pero si estas normas fallan, deben ser inmediatamente modificadas o cambiadas por otras nuevas para que, de igual forma, se logre la construcción de una memoria histórica de la Nación”.

Además, agregó el Procurador, “los paramilitares desmovilizados no deben olvidar la responsabilidad de entregar sus bienes para realizar la reparación económica de las víctimas”.

Así mismo, la Cnrr ha indicado que “además de la reparación vía judicial contemplada en la ley de Justicia y Paz, propondrá el Programa Nacional de Reparaciones que, en convergencia con el de Reparación Colectiva, deben servir para responder de manera justa, viable, y sostenible a las expectativas de las víctimas y a los requerimientos de reconciliación nacional”.

Por su parte, Volmar Pérez, defensor del pueblo, se comprometió a llevar a cabo “actividades pedagógicas para los funcionarios públicos que les permitan cumplir de forma efectiva, y con el conocimiento jurídico necesario, lo estipulado en la ley 975 de Justicia y Paz”.