La Comisión, que según el mandato de la Ley de Justicia y Paz es la encargada de proponer los criterios de reparación a los jueces que juzgan a los ex 'paras', entregó ayer su informe 'Recomendación de criterios de reparación y de proporcionalidad restaurativa'.

Considera que la pensión es "una forma justa, viable y adecuada de compensación económica".

Su presidente, Eduardo Pizarro, explicó que la propuesta pretende definir un modelo de reparación por vía administrativa, y por eso está acogiendo ejemplos del modelo chileno, uno de los siete casos de reparación económica exitosa en el mundo.

Allá, la Comisión de Verdad y Reconciliación privilegió el acceso de las víctimas y sus hijos al sistema de educación y salud, pero, además, estableció una pensión de por vida para los viudos.

Como allá, en Colombia se consideraría también para la pensión a los compañeros permanentes de víctimas de homicidio, desaparición y secuestro.

En Chile, inicialmente los recursos fueron aportados por Estados Unidos y sus agencias de cooperación internacional, pero lentamente el Estado asumió las pensiones, que por supuesto se mantienen hoy.

La idea entonces es no entregar una suma total por indemnización porque las experiencias de otros países han demostrado que eso fracasa.

"El criterio que tuvo la comisión en Chile era el de que una compensación económica podía hacer que persistiera el problema, porque las víctimas podían invertir mal esos recursos. Por eso se decidió que la responsabilidad la asumiera el Estado", explicó Pizarro.

En Colombia, el modelo de reparación es por vía judicial, con recursos de los victimarios y en forma subsidiaria por el Estado. Lo que pretende la Comisión de Reparación es complementar esta alternativa con el proyecto de reparación por vía administrativa.

Ana Teresa Bernal, miembro de la Comisión, explica que este camino es necesario porque los bienes de los desmovilizados no van a alcanzar para la reparación a las víctimas. "Si bien no se puede decir que el Estado es el responsable directo de muchas de las situaciones de violación de derechos humanos, le cabe responsabilidad", dice.

En este sentido, la Comisión de Reparación va a tono con el sistema interamericano de derechos humanos, según el cual los Estados son los principales responsables de reparar a las víctimas.
Con mayor razón en el caso colombiano donde, según la Comisión Interamericana, se probaron lazos entre agentes del Estado y paramilitares.

¿Es viable?

Jaime Zuluaga Nieto, director académico del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, piensa que la pensión puede ser una buena medida, pero llama la atención sobre la viabilidad financiera.
Cree que la crisis del sistema nacional de pensiones y la gran cantidad de víctimas que clasificarían para este tipo de compensación harían inviable la iniciativa.

Sin embargo, hay quienes dicen que ni siquiera se está contando con todas las víctimas. "No incluyeron a las del Estado, parece que las estuvieran invisibilizando", afirma Jorge Rojas, de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento.

La propuesta de la Comisión de Reparación promete debate, los comisionados lo saben y dicen estar abiertos a la discusión.

"Debe exigirse que las bandas criminales destinen a la reparación los capitales ilegales, y que esta no sea simbólica como está ocurriendo".
Jaime Zuluaga, Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz.

La reparación aquí y allá

Cómo sería en Colombia

El monto de la pensión lo establecerá el juez.

La idea es agotar los recursos de los victimarios, tanto para subsidios de educación y salud, como para la pensión. Luego entra el Estado.

Como la idea es la reparación integral, incluiría capacitación a víctimas cabeza de hogar, asesoría jurídica y atención sicológica.

En Chile no se entregó dinero a las víctimas

Allí se da pensión de por vida a los papás, esposos y compañe-
ros permanentes sobrevivientes de las víctimas de la dictadura.

También reciben una pensión menor las víctimas de prisión política y quienes fueron despedidos de sus cargos en el gobierno militar por razones políticas.

Se abonó tiempo a los años de contribución al fondo de jubilación o retiro.

REDACCIÓN NACIONAL